La Ley del Medicamento ha generado una oleada de protestas por parte de los profesionales veterinarios.
Tras una moratoria de casi un año y medio en su aplicación, el Real Decreto 666/2023 entró en vigor 2 de enero de 2025 provocando un gran malestar en el sector veterinario y también entre los dueños de mascotas.
Conocida popularmente como la Ley del Medicamento o la Ley de Medicamentos Veterinarios, la normativa regula el uso de medicamentos, limitando su distribución, prescripción y dispensación. En concreto, la nueva ley obliga a los veterinarios a registrar cada prescripción de antibióticos en el sistema PRESVET con el objetivo de controlar el uso de antibióticos en animales de compañía para combatir la resistencia antimicrobiana.
Sin embargo, los veterinarios consideran que la norma, que nace de un reglamento de la Unión Europea para regular el uso de fármacos, "les ata de pies y manos", limita su capacidad para tomar decisiones clínicas adecuadas y les somete a una carga burocrática excesiva.
Polémica por la muerte de una perra en Galicia
El descontento y las protestas del sector se han intensificado a raíz de la muerte de una perra en Galicia. Selva, una perra Jack Russell de 9 años, murió a causa de una sepsis vinculada al nuevo real decreto.
El animal acudió a consulta tras haber sido mordida por otra perro. Siguiendo el protocolo que marca la nueva ley, se inició un tratamiento, pero su estado empeoró a los pocos días, lo que obligó a su ingreso de urgencia en el hospital Imavet de Santiago. Finalmente Selva falleció y su muerte se relaciona directamente con el hecho de que el cultivo microbiano requerido por el Ministerio de Agricultura para autorizar el uso de antibióticos más potentes no llegó hasta el lunes 17 de febrero, varios días después de su fallecimiento.
Los veterinarios critican que la excesiva burocracia a la hora de administrar antibióticos, como en el caso de Selva, que plantea la normativa puede retrasar tratamientos esenciales y poner en riesgo la vida de los animales.
Sanciones a los veterinarios
Las sanciones por el incumplimiento de la normativa también han generado controversia. Un veterinario en las Islas Baleares fue multado con 90.000 euros por no cumplir con las disposiciones del Real Decreto. Un castigo que los profesionales del sector consideran desproporcionado y que ha aumentado la preocupación en el colectivo.
Desde Agricultura defienden que la implementación del sistema PRESVET "no limita la prescripción de antibióticos, sino que centraliza la información para un mejor control" y aseguran que los veterinarios "han tenido un año y medio para prepararse".
Por su parte, el Partido Popular de Málaga ha solicitado al Gobierno una moratoria en la aplicación del Real Decreto, argumentando que la normativa empeora la calidad del servicio sanitario para los animales.
