La Justicia de Estados Unidos ha imputado este miércoles a Raúl Castro, hermano de Fidel Castro y una de las figuras clave del régimen cubano, por varios delitos relacionados con el derribo en 1996 de dos avionetas en el que murieron cuatro personas. La decisión ha sido recibida con entusiasmo por parte de la población cubana en Miami, mientras que el Gobierno de Cuba la ha rechazado al considerarla una maniobra política sin base jurídica.
Poco después del anuncio, el Ejército estadounidense informó además del despliegue del portaaviones USS Nimitz en aguas del Caribe, en un contexto de creciente tensión diplomática con Cuba. El Comando Sur de Estados Unidos presentó la llegada del grupo de ataque naval como una demostración de capacidad militar y presencia estratégica en la región.
El presidente de EEUU, Donald Trump, ha celebrado la decisión judicial. Un movimiento que tiene su evidente paralelismo con la imputación por narcotráfico que se hizo con Maduro y que acabó con la captura del líder chavista.
La respuesta de La Habana no se hizo esperar. El Gobierno cubano calificó la imputación de "acción política" y aseguró que carece de fundamento legal. El presidente Miguel Díaz-Canel salió en defensa de Castro y denunció lo que consideró una "infamia" contra uno de los principales símbolos de la revolución. Además, insistió en que el ataque se produjo dentro de aguas jurisdiccionales cubanas y respondió a una situación que el régimen interpretó entonces como una amenaza para su seguridad.
Dos aviones de Hermanos al Rescate
El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una acusación presentada el pasado mes de abril ante un tribunal federal de Florida y que permanecía bajo secreto judicial. Los cargos incluyen conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses, cuatro delitos de asesinato y destrucción de aeronaves. Las autoridades estadounidenses sostienen que Castro fue responsable de ordenar el derribo de dos aeronaves de la organización Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, cuando ocupaba el cargo de ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
El incidente se produjo hace tres décadas, cuando aviones militares cubanos atacaron dos de las tres aeronaves de la organización, dedicada a localizar y rescatar balseros cubanos que trataban de llegar a Estados Unidos. Mientras las autoridades cubanas defendieron entonces que las avionetas habían invadido su espacio aéreo, organismos internacionales concluyeron posteriormente que el derribo se produjo sobre aguas internacionales.
La acusación también afecta a otros cinco antiguos militares cubanos presuntamente implicados en la operación: Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas, Luis Raúl González-Pardo Rodríguez y Lorenzo Alberto Pérez-Pérez.
Durante la presentación de los cargos en Miami, el fiscal general interino Todd Blanche aseguró que Estados Unidos perseguirá este tipo de delitos independientemente del tiempo transcurrido o de la relevancia política de los acusados. Según la legislación estadounidense, los procesados podrían enfrentarse a penas que van desde la cadena perpetua hasta la pena de muerte por cada uno de los asesinatos imputados.
Por el momento, Washington no ha detallado cuáles serán los siguientes pasos judiciales. Castro, de 94 años, continúa residiendo en Cuba y una posible extradición parece improbable debido a la ausencia de relaciones normalizadas entre ambos países. Aun así, Blanche aseguró que el exdirigente comparecerá ante la Justicia estadounidense "por su propia voluntad o de otra forma".
