Las víctimas de abusos policiales entre 1978 y 1999 en Euskadi serán reconocidas por una ley vasca

PNV y PSE-EE, socios en el Gobierno Vasco que están en minoría en el Parlamento, han votado en el pleno de la Cámara de Vitoria a favor de la ley, que ha salido adelante gracias a las abstenciones de EH Bildu y Elkarrekin Podemos en la mayoría de los artículos, mientras que el PP se ha posicionado en contra.

Esta nueva norma corre el riesgo de volver a quedar paralizada ya que el PP, según ha advertido su presidente en el País Vasco, Alfonso Alonso, no corrige los defectos de constitucionalidad y "va a volver a ser recurrida". "Ese es el compromiso de mi partido", ha dejado claro.

Durante el debate se han producido momentos de tensión entre EH Bildu y representantes sindicales policiales, contrarios a la ley, que seguían la sesión desde la tribuna de invitados.

La Ley aprobada en 2016 de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia política en la Comunidad Autónoma Vasca entre 1978 y 1999, conocida con la ley de abusos policiales, fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno de Mariano Rajoy y no pudo desarrollarse.

El Ejecutivo del PP argumentó, entre otros razonamientos, que la comisión de valoración que figuraba en la norma, encargada de definir qué personas pueden considerarse víctimas de la violencia policial, no podía ejercer esta función porque es una labor que compete a los jueces.

Pero cuando llegó Pedro Sánchez a La Moncloa el Gobierno acordó con el vasco la retirada del recurso de inconstitucionalidad a cambio de que se introdujeran varios cambios que dejaran claro que su objetivo no es buscar responsabilidades de esos abusos, sino resarcir asistencialmente a los afectados.

Así, las modificaciones aprobadas este jueves especifican que no se invaden competencias reservadas al poder judicial y que su fin no es buscar responsabilidades de esos abusos, sino el de resarcir asistencialmente a los afectados.

El artículo principal establece que la vulneración de derechos humanos en un contexto de motivación política se podrá acreditar mediante la aportación de resolución judicial o administrativa que reconozca la realidad de unos hechos ilícitos pero precisa que "no podrá desconocer lo ya resuelto por la jurisdicción penal".

Esta ley se circunscribe a las víctimas que sufrieron abusos policiales entre 1978 y 1999. Las que padecieron estas vulneraciones entre 1969 y 1978 ya han sido reconocidas a través de un decreto que aprobó en 2012 el Gobierno Vasco socialista con Patxi López como lehendakari.

Tanto el PNV como el PSE han asegurado que la nueva ley se ajusta a la Constitución y respeta la separación de poderes ya que su fin es el resarcimiento administrativo de las víctimas al margen del proceso penal.

EH Bildu ha considerado "inaceptable" que no se otorgue a estas víctimas el mismo reconocimiento que a las de ETA, para Elkarrekin Podemos la ley solo ofrece una verdad "con minúsculas" y el PP, único grupo que ha votado en contra, considera que la ley trata de buscar el "desprestigio" de las diferentes policías porque se les pone "bajo sospecha" de ser responsables de vulneraciones de derechos humanos.