El Partido Socialista y Junts han alcanzado un acuerdo por el que el Gobierno cede a la Generalitat la gestión de las competencias en materia de inmigración. Es una proposición que primero tiene que pasar por el Consejo de Ministros, luego tiene que debatirse en el pleno del Congreso y, una vez aprobada, ya será oficial.
Este modelo de cesión de competencias imita al modelo que Alemania comparte con Baviera. Es un acuerdo de colaboración que llega tras un año de negociaciones y que supone un paso más de cara a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
En el documento que ha registrado el PSOE en el Congreso, los socialistas explican que Cataluña siempre ha acogido a "mucha población procedente de otros lugares" y que actualmente "el 18% de la población catalana tiene nacionalidad extranjera y un 24% han nacido fuera de Catalunya".
Además, añade que es un acuerdo que responde a "la voluntad catalana" y que se regirá por el artículo 150.2 de la Constitución. diseñado para este supuesto. "Es fruto del Acuerdo de Bruselas entre el PSOE y Junts y supone un paso muy significativo en el método y el sentido político" ha expresado.
Las competencias que gestionaría Cataluña en materia de inmigración
Si este acuerdo llega a aprobarse -Ione Belarra ya ha manifestado que no cuenta con los votos de Podemos y el PP lo ha tachado de "inconstitucional"-, la Generalitat pasaría a tener el control de un elevado número de competencias:
- El acuerdo define a Cataluña como "ventanilla única" en su territorio sobre las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y de larga duración. Es decir, gestionaría los permisos de residencia de los extranjeros.
- También se encargaría de expedir el documento de identidad para los extranjeros a partir del Registro del NIE del Estado.
- Cuando haya algún extranjero que tenga prohibida la entrada a nuestro país y llegue a Cataluña, podría expulsarlo. De esta manera, la Generalitat ejecutaría las expulsiones que no necesiten expediente y las que lo necesiten se resolverían a propuesta de expulsión formulada por la Generalitat.
- Aumentaría la presencia e importancia de los Mossos de Esquadra, quienes gestionarían la seguridad de puertos y aeropuertos en cooperación con la Policía y Guardia Civil. Además, se situarían en las fronteras.
- En relación a lo anterior, para que pueda llevarse a cabo lo establecido habría un aumento de Mossos de Esquadra de 1.800 efectivos hasta llegar a 26.800 agentes en total.
- Los Mossos gestionarían los Centros de Internamiento de Extranjeros -el lugar donde ahora permanecen los extranjeros que deben ser expulsados- y que gestiona el Ministerio del Interior
- Los Mossos también ejercerían la competencia para la prevención, persecución, protección y asistencia a las víctimas de trata y explotación de seres humanos.
- En cuanto al empleo y las contrataciones en origen, Cataluña determinaría los perfiles y el número de trabajadores extranjeros que se podrían contratar.
El documento establece que el Estado dotará a Cataluña de los "recursos humanos, económicos y técnicos" que necesite para que pueda ejercer estas competencias. De esta manera, Cataluña podría desarrollar un modelo propio y una política integral en materia de inmigración.
