El magistrado del Tribunal Supremo Pablo LLarena ha acordado emitir una orden nacional de detención contra la exconsellera catalana y eurodiputada de JxCat Clara Ponsatí por no justificar su incomparecencia ante el juez el pasado 24 de abril..
Ponsatí estaba citada para que Llarena le comunicase su procesamiento por un delito de desobediencia, que no acarrea penas de prisión, pero su defensa alegó en un escrito presentado ese mismo día que tenía dos compromisos en Bruselas que resultaban "incompatibles" con su citación en Madrid.
Tanto Fiscalía como Abogacía del Estado pidieron a Llarena que volviera a citar a Ponsatí. El Ministerio Público incluso propuso reclamar a la ex consejera que comunicara al Supremo su calendario de trabajo en la Eurocámara para las próximas semanas a fin de "compatibilizar" ambas cosas.
Quedaría sin efecto si comparece voluntariamente
Sin embargo, Llarena considera que "ha desatendido voluntaria e injustificadamente la citación judicial", por lo que ha optado por ordenar que se la detenga si vuelve a pisar suelo español para que sea llevada ante el Supremo, se le pueda comunicar su procesamiento y seguir adelante con la causa.
El magistrado del TS apunta, no obstante, a la posibilidad de dejar sin efecto la orden de detención si Ponsatí comparece voluntaria y personalmente, como ocurrió con otras dos procesadas en esta causa, Meritxel Serret y Anna Gabriel.
Sus deberes eran compatibles con comparecer ante el Supremo
El instructor del 'procés' entiende que, aunque ese 24 de abril tenía trabajo en la Eurocámara, la cita en el Supremo era a las 11.00 y dichas comisiones estaban previstas en horas de la tarde, "sin que se haya justificado la imposibilidad temporal de atender ambos deberes, razonablemente compatibles mediante la petición de videoconferencia o incluso sirviéndose de los rápidos medios de transporte que unen ambas capitales".
Señala además, que teniendo en cuenta la programación anticipada de su actividad parlamentaria y la antelación de la citación judicial, "la defensa tuvo un amplio margen para advertir a este instructor de las dificultades de la investigada para atender sus responsabilidades políticas y solicitar el reajuste en la citación que considerara preciso".
Con todo, Llarena cree, "a la vista de la rebeldía que ha mantenido la investigada durante cinco años de instrucción, que las funciones parlamentarias no son sino la excusa frente a una nueva desatención de sus obligaciones procesales".
En este sentido, el magistrado del alto tribunal recuerda declaraciones a la prensa en las que la eurodiputada "se jactó de no tener ninguna intención de atender la citación judicial".
