La relación del Gobierno con el poder judicial nunca ha sido la mejor, pero la cuerda se está tensando a niveles inéditos. Lo que antes se quedaba en insinuaciones o desconfianza, ahora se expresa sin tapujos. Y para muestra el desfile de ministros tras el auto del juez Hurtado en el caso del fiscal general.
A lo largo de los últimos años, tanto Gobiernos del PSOE como del PP han criticado resoluciones judiciales. El uso de la sede del poder ejecutivo como plataforma para lanzar ataques directos contra jueces, se ha convertido en estrategia recurrente.
Este martes, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, fue la que definió el caso con la palabra "incomprensión". En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, deslizó críticas implícitas contra Ángel Hurtado, por el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En otras ocasiones, los aludidos han sido el juez Peinado, por el caso que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente; y la juez Biedma, que instruye diligencias sobre David Sánchez, hermano del presidente.
El caso del fiscal general: una defensa cerrada
El auto judicial detalla indicios racionales de criminalidad, entre ellos, la recepción en su correo personal de documentos no publicados hasta el momento, con el objetivo de "cerrar el círculo" y "ganar el relato" en plena crisis por el novio de Isabel Díaz Ayuso.
El Gobierno ha blindado políticamente al fiscal general. Pilar Alegría no solo cuestionó el auto, sino que dio por resuelto el caso en favor de García Ortiz: “Es evidente que hay jueces que están haciendo cosas difíciles de entender”, afirmó, evitando mencionar el término, más comprometido, de prevaricación.
La crítica del ministro Óscar López al auto judicial (“es de aurora boreal”) o la indignación de Patxi López (“esto es una absoluta vergüenza”) siguen la misma línea.
Pero los autos judiciales que afectan al entorno de Sánchez no hablan de teorías conspirativas. Hablan de documentos, cronologías, correos electrónicos, declaraciones y elementos indiciarios. En el caso del fiscal, el juez considera “sólidos” los indicios que justifican su procesamiento. En el de Begoña Gómez, las diligencias siguen abiertas. En el de David Sánchez, se investiga el cobro de fondos públicos.
La paradoja de Marlaska
Mientras sus compañeros de gabinete atacaban abiertamente a los jueces, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ofrecía una versión paralela de los hechos. A preguntas de la prensa, aseguró: “Yo no he visto ningún tipo de crítica” y afirmó que “este es el gobierno que más respeta a las instituciones”.
