La periodista Ketty Garat ha mencionado la estrategia de Pedro Sánchez de impulsar debates públicos "fake" como fórmula política para generar ruido y polarización sin necesidad de someterse a votaciones en el Congreso. Garat lo define como cuestiones pensadas para "llenar muchas tertulias" y "molestar a una parte de la sociedad", pero evitando el trámite parlamentario.
Temas que crispen, pero que no obliguen a negociar mayorías
Garat enmarca esta dinámica en una pauta interna en Moncloa para buscar asuntos que provoquen debate social y desgaste, pero que no requieran apoyos parlamentarios. "Que molesten y no pasen por el Congreso".
Según su relato, la clave es que sean debates "gratis" desde el punto de vista legislativo: pueden lanzarse como anuncios o iniciativas políticas sin necesidad de recabar votos y sin exponer la falta de mayorías. En palabras de Garat, este patrón alimentaría una "ficción de legislatura" en la que, pese a la ausencia de apoyos suficientes, se mantiene la agenda a base de anuncios y polémicas.
La reunión en Moncloa
Garat menciona una reunión, que adelantó El Español, celebrada a principios de noviembre en la Moncloa, descrita por asistentes como "agria", en la que Diego Rubio, el jefe de Gabinete del presidente, reunió a responsables de gabinete de los ministerios.
El objetivo fue pedir propuestas de iniciativas que no exijan votaciones en el Congreso. En ese encuentro, Rubio habría puesto como ejemplo un anuncio previo del presidente: el rechazo al cambio de hora.
Garat sostiene que desde entonces se habrían sucedido debates con un "común denominador": alta carga de confrontación y utilidad como cortina de humo, pero sin recorrido parlamentario. Cita, entre otros, polémicas sobre la regularización masiva de inmigrantes, el 23F o anuncios de medidas y rupturas que, a su juicio, luego no se concretan.
Entre las propuestas mencionadas en el contexto figura una línea de actuación sobre redes sociales y menores que busca prohibir el acceso a plataformas digitales a menores de 16 años y elevar la responsabilidad de directivos sobre contenidos ilegales.
