El juez de la Audiencia Nacional que investiga el denominado caso Koldo ha confirmado los indicios que existen de que Jéssica Rodríguez pudo incurrir en un delito de malversación en torno a sus contrataciones en las empresas públicas Ineco y Tragsatec y en el cobro de salarios sin haber desempeñado trabajo alguno.
Esos indicios hacen que el magistrado Ismael Moreno mantenga la imputación de la expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, al rechazar el recurso que interpuso contra su citación como investigada.
Hace escasos días Jéssica Rodríguez compareció en la Audiencia Nacional, aunque se acogió a su derecho a no declarar. Ya lo había hecho meses antes en el Tribunal Supremo, aunque como testigo, cuando admitió que cobró de Ineco y Tragsatec (43.978 euros en dos años y medio) sin trabajar y que Ábalos "estaba al tanto de todo".
La sentencia que condenó a Ábalos a 24 años de cárcel afirmó que Rodríguez no solo no desempeñó ningún trabajo, sino que "el propósito fundacional del plan criminal era, precisamente, que no trabajara y, pese a ello, percibir, en forma de salario mensual, las cantidades que le fueran ingresadas por ambas mercantiles púbicas en su cuenta bancaria".
Jessica intentó un recurso alegando que el delito está prescrito
La resolución derivó en la imputación de la expareja de Ábalos en la Audiencia Nacional a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que ha defendido los indicios que, en su opinión, existen contra ella en el informe donde se ha opuesto a su recurso.
El juez Moreno ha seguido el criterio del fiscal y en su auto rechaza el argumento de que el delito de tráfico de influencias esté prescrito.
Según el juez y el fiscal, la conducta imputable a Rodríguez sería la de un delito de malversación, en tanto que "es evidente que sin su conducta este delito no se podría haber cometido, al no haber realizado trabajo alguno y, percibiendo en cambio, unos emolumentos que no debería haber recibido".
Rechaza asimismo el magistrado que haya falta de motivación en su imputación o que estos hechos ya estén juzgados pues, explica, el Supremo juzgó la participación de Ábalos y su exasesor Koldo García -ambos en prisión desde hace ocho meses-, y no la de la propia Rodríguez.
El "interés" de Pardo de Vera para contratar a Jéssica
La Fiscalía también sostiene que la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, encargó al exdirector de Gestión Administrativa de la empresa, Ignacio Zaldívar, realizar las gestiones para facilitar la contratación de Rodríguez en Tragsatec sin necesidad de una entrevista previa.
Además, el Ministerio Público indicó que Zaldívar comentó a los responsables de Tragsatec que Rodríguez tenía algún tipo de vínculo con el entonces ministro Ábalos y que Pardo de Vera tenía interés en que fuera contratada.
En el juicio del caso mascarillas, Zaldívar aseguró que actuó como una "correa transmisora" y negó haber sabido que existiera una situación irregular relacionada con la ausencia de Rodríguez en su puesto de trabajo. También explicó que, cuando trató con ella por un problema con unos cheques de comida, percibió una actitud de "altivez" y "soberbia", aunque dijo que no le dio "mayor importancia".
