Además, la juez amplía a imputación al exconsejero Antonio Fernández y también acusa a los ex directores gerentes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) Antonio Toro, Alejandro Rueda y Pedro Eugenio Gracia.
Alaya, que hoy ha dejado de ser titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla, asegura en su auto que los responsables políticos de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Empleo y del SAE, "han concebido indiciariamente la formación como una vía a la que destinar sumas ingentes de fondos públicos para favorecer a las entidades que se dedicaban a la misma".
