Horrach no recurrirá las medidas cautelares acordadas contra Urdangarin

"En algún momento se tiene que poner fin a los conflictos y creo que en este caso no es necesario insistir", ha declarado a los periodistas Horrach, que considera que la sala que juzgó el caso ha adoptado "una decisión plenamente legítima y respetable aunque no se comparta". "Creo que hay que poner punto y final ya al conflicto", ha añadido.

No obstante, se ha mostrado partidario de recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia del caso Nóos que condena a Urdangarin y a Torres a penas muy inferiores a las que él había solicitado, y ha señalado que elaborará un informe para proponer a la Fiscalía del Supremo la interposición de este recurso exponiendo su criterio.

En cuanto a las diferencias que la Audiencia de Palma ha establecido entre Urdangarin, para quien solo han fijado comparecencias mensuales ante la autoridad judicial en Ginebra, y Torres, a quien además han retirado el pasaporte, Horrach ha señalado que las circunstancias de ambos son distintas.

La Audiencia de Palma impuso dichas medidas después de haber condenado a Urdangarin a 6 años y 3 meses de prisión y a Torres a 8 años y 6 meses por varios delitos de corrupción y fraude fiscal. A su juicio, teniendo en cuenta los fundamentos del auto que dictó ayer la Audiencia, "parece razonable la imposición de medidas distintas para cada uno de ellos debido a que se han de tener en cuenta las circunstancias personales, ya sean económicas, familiares y de residencia".

Según el fiscal, desde el momento que la sala ha entendido que se descarta cualquier riesgo de fuga y peligro de que Urdangarin o Torres se puedan sustraer a la acción de la Justicia "lo lógico es adoptar medidas que no supongan prisión preventiva ni fianzas". Horrach sí es partidario de recurrir ante el Supremo la sentencia del caso Nóos, que solo condenó a 7 de los 18 acusados (únicamente tres de ellos con penas que implicarían el ingreso en prisión), a penas que suman en total 18 años y 5 meses de cárcel, cuando él había solicitado condenas que sumaban 107 años.

Si bien el fiscal del caso no tiene competencias para interponer recurso de casación ni para decidir los motivos por los que se presenta, elaborará un informe para proponer a la Fiscalía del Supremo la interposición de este recurso y detallará los motivos por lo que considera que la sentencia debe modificarse atendiendo a su criterio.

Horrach basaría dicho recurso en dos cuestiones: "El hecho de que la sala no haya declarado probado el delito de malversación y que no haya declarado probadas determinadas falsedades tanto en documento público como en documento mercantil".

El fiscal considera que hay indicios de malversación, algo que la sala ha desestimado al entender que el precio de los foros que organizó el Instituto Nóos fue plenamente justificado. En cuanto a la falsedad, el representante del ministerio público considera que los documentos que cuestiona entraron a formar parte de un procedimiento administrativo y por tanto surtieron efectos en el mismo.