El Gobierno ha decidido elevar el tono en su confrontación con parte de la judicatura. Las declaraciones del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, asegurando que "hay jueces que prevarican".
La polémica estalló después de que López afirmara en un acto público que existen jueces que dictan resoluciones injustas y que la Justicia "no gobierna", sino que lo hace el Gobierno elegido en las urnas.
Horas después, lejos de rectificar, el ministro reafirmó sus palabras. "No pasa nada en una democracia por tener libertad de opinión y libertad de expresión. Y yo la tengo. Ojalá estuviera equivocado y ojalá no hubiera nunca ninguna sentencia injusta. Pero lamentablemente las hay", sostuvo.
Moncloa respalda las palabras de Óscar López
Según trasladan fuentes gubernamentales, el Ejecutivo respalda las declaraciones del ministro. Desde el entorno del presidente consideran que existen resoluciones judiciales que resultan difíciles de entender y citan como ejemplos la instrucción del juez Juan Carlos Peinado en el caso de Begoña Gómez o la reciente condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos.
Desde el Gobierno sostienen que se trata de opiniones políticas legítimas y rechazan que cuestionar determinadas resoluciones judiciales suponga atacar la independencia de los jueces.
La posición supone un cambio respecto a la actitud mantenida durante buena parte de la legislatura, cuando el Ejecutivo insistía públicamente en su respeto a las investigaciones judiciales mientras evitaba confrontaciones directas con los magistrados encargados de los procedimientos más sensibles.
El PSOE habla de "sentencias incomprensibles"
El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, reforzó el mensaje al señalar que existen "hechos" que permiten cuestionar determinadas actuaciones judiciales.
"Ha habido causas abiertas con recortes de periódico, ha habido distintas velocidades para atender ciertos procesos judiciales y ha habido sentencias incomprensibles", afirmó el dirigente socialista.
Las declaraciones alimentan la tesis defendida desde algunos sectores del PSOE de que determinados procedimientos han recibido un tratamiento judicial diferente al habitual, especialmente aquellos relacionados con personas próximas al presidente del Gobierno.
La oposición exige pruebas
Las palabras de Óscar López han provocado una rápida reacción de la oposición. Desde el Partido Popular recuerdan que la prevaricación es uno de los delitos más graves que puede cometer un juez, ya que implica dictar una resolución injusta a sabiendas.
Por ello, los populares sostienen que si el ministro dispone de indicios sobre una actuación delictiva debería acudir a los tribunales y presentar una denuncia en lugar de lanzar acusaciones genéricas contra la judicatura.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, evitó entrar directamente en la polémica, aunque sí defendió la necesidad de preservar la credibilidad de las instituciones y advirtió del daño que la corrupción provoca en la confianza de los ciudadanos.
