El Gobierno inicia este lunes los trabajos para exhumar a las víctimas de la Guerra Civil en el Valle de Cuelgamuros para dar cumplimiento a la Ley de Memoria Democrática. En el interior de la basílica ya se ha instalado un laboratorio forense para que los expertos puedan trabajar.
Impulsada por el Gobierno para cumplir la Ley de Memoria Democrática, en la operación de exhumación participarán, además de seis forenses, un grupo de arqueólogos, odontólogos, genetistas y cuatro miembros de la policía científica, cuya misión específica consiste en ayudar a identificar las cajas en las que están enterradas las víctimas si los números de inscripción no se aprecian bien a simple vista, detalla el diario.
El valle, en San Lorenzo de El Escorial, alberga la mayor fosa común de España, con 33.833 restos de víctimas de ambos bandos de la Guerra Civil, y es el lugar donde hasta hace poco permanecieron enterrados el dictador Francisco Franco y el fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera.
En ese lugar están pendientes las exhumaciones de restos reclamadas por un centenar de familias, que llevan años envueltas en un embrollo judicial después de que una sentencia histórica reconociera en 2016 el derecho a recuperar los cadáveres de los hermanos Lapeña, fusilados en 1936 y enterrados en el mausoleo franquista.
La Ley de Memoria Democrática también prevé la "resignificación" de este enclave para dar a conocer las "circunstancias de su construcción" y "el periodo histórico en el que se inserta", todo ello con la finalidad de "fortalecer los valores constitucionales y democráticos".
Fue el pasado 13 de marzo cuando el Tribunal Supremo dio luz verde a las exhumaciones de los restos de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista enterradas en el Valle de los Caídos al rechazar el recurso presentado por la Fundación Francisco Franco, último escollo que frenaba las extracciones de los cadáveres.
Ya el pasado 24 de abril los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera salieron del Valle de los Caídos donde permanecían desde el año 1959 rumbo al cementerio de San Isidro.
Asimismo, los restos del general golpista Gonzalo Queipo de Llano y del auditor de guerra Francisco Bohórquez Vecina fueron exhumados del templo de la Hermandad de la Macarena de Sevilla el 3 de noviembre de 2022, merced al requerimiento que le había formulado el Gobierno central por la reforma de la Ley estatal de Memoria Democrática.
