Fiscal: "El 9N no juzga la voluntad popular sino la ruptura de la democracia"

El fiscal del caso del 9-N, Emilio Sánchez Ulled, ha sostenido que en el juicio que este viernes termina en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por la consulta independentista no se juzga la "voluntad popular", sino una "grave ruptura" de las reglas del juego democrático y de la convivencia. En la introducción de su informe final ante la sala, el fiscal ha insistido en que en la causa contra el expresidente catalán Artur Mas se dirime "un desacato, una desobediencia de un mandato constitucional", sin que pueda reducirse a un "enfrentamiento entre unos seres vestidos de negro que representan a instituciones antidemocráticas frente a unos investidos de autoridad democrática".

En ese sentido, Sánchez Ulled ha confesado el "dolor y tristeza" que le produce el caso del 9-N porque, a su parecer, hubo "una ruptura de las reglas de juego democráticas" en el que la ejecución de la consulta por parte de los voluntarios "enmascaraba una actuación continuada de los poderes públicos" para desobedecer al Tribunal Constitucional.

Sánchez Ulled, que este jueves mantuvo su petición de diez años de inhabilitación para Artur Mas y nueve para las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau, ha pronunciado sus informes finales en castellano, lo que ha justificado en la "importancia" de que sus argumentos sean entendidos en "otros territorios", pese a que a lo largo de toda la vista ha empleado el catalán en sus interrogatorios.

Las primeras palabras del informe las ha dedicado a subrayar algo que, para Sánchez Ulled, es de la máxima importancia "técnica y personal": que el juicio del 9-N no versa sobre "el hecho de haber convocado lo que sea que se convocara el 14 de octubre" ni que los voluntarios decidieran dedicar su tiempo a organizar las votaciones, ni que "muchas personas, con sus respetables convicciones", acudieran a las urnas. "Hay que decirlo, por mucho que se repita, porque ésta es la verdad y la realidad procesal", ha recalcado el fiscal, antes de proclamar que en el juicio del 9-N no se enjuicia "la voluntad popular, ni una votación popular", ni se persigue "la democracia".

En la exposición de su informe de conclusiones, Ulled ha recordado que Mas se acogió el pasado lunes a su derecho a no responder a las preguntas del ministerio público, como ya había hecho en la fase de instrucción. Si Mas hubiese aceptado el interrogatorio por parte del fiscal, Ulled ha desvelado que lo primero que habría hecho es pedirle al presidente del TSJC, Jesús Maria Barrientos, que le mostrara la providencia del TC del 4 de noviembre que suspendía la consulta del 9-N para preguntarle: "¿qué es lo que no entiende?". "Y a partir de ahí, habríamos empezado a hablar", ha sostenido Ulled, que posteriormente ha recordado que la providencia del TC suspendía el proceso de participación y "las actuaciones de preparación de los poderes públicos" sobre el mismo: "para cualquier lector medianamente escrito eso estaba clarísimo", ha añadido.

Precisamente, una de las principales líneas del informe acusatorio de Ulled se basa en que Mas, Ortega y Rigau "decidieron caprichosamente prescindir del mandato constitucional" que suspendía la votación del 9-N. "Nada se hizo para suspender aquello que estaba en curso, teniendo la obligación de hacerlo", ha esgrimido Ulled, que considera que en el juicio que se ha celebrado a lo largo de esta semana en el TSJC ha quedado "palmariamente acreditado" que el gobierno catalán acordó continuar con el 9-N "de un modo absolutamente encubierto, generando la apariencia de que se paraba y que todo quedaba en manos de voluntarios".

En opinión de Ulled, si no se instó a la ejecución de la orden de suspensión de la consulta es porque "el TC no podía imaginarse un contexto de deslealtad institucional de tamaño calibre". Para el fiscal, el juicio ha acreditado que Mas, como presidente de la Generalitat, fue el "máximo responsable" de la celebración del 9-N, Ortega se convirtió en el "tronco nuclear" de la coordinación del proceso y Rigau tenía como principal misión poner los institutos a disposición del 9-N.

Ulled también se ha referido implícitamente a la "sorna" con la que el exconseller de Presidència Francesc Homs reaccionó cuando el pasado miércoles el ministerio público acordó no plantearle preguntas, ante lo que el actual diputado de PDeCAT en el Congreso llegó a ironizar sobre la falta de "valentía" del fiscal y exclamó: "¡qué lástima!". El fiscal ha alegado que existe abundante jurisprudencia que avala que no se puede preguntar a un testigo cuando está encausado ante otro tribunal por hechos análogos, como es el caso de Homs, que será juzgado a partir del próximo 27 de febrero en el Tribunal Supremo.

Durante la exposición de su informe, el fiscal también ha pedido al tribunal que a la hora de valorar las testificales tenga en cuenta el "clima de sonrisas y miradas" que ha habido entre algunos de los testigos y los acusados. Precisamente, se ha referido a la ambigüedad con que algunos testigos de la defensa han definido el 9N a lo largo del juicio y, tras reconocer ante el tribunal que iba a caer en una "frivolidad para bajar la tensión", ha ironizado: "es una consulta que me parece de Gila, 'alguien ha organizado algo".