La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha mandando un mensaje de "reconocimiento y solidaridad" a la ciudadanía de Ceuta, "que ha afrontado y continúa haciendo frente a situaciones especialmente complejas con serenidad, responsabilidad y con cercanía a las personas migrantes en condiciones de especial vulnerabilidad".
Por ello, ha querido recordar "la necesidad de preservar el principio de legalidad y el retorno a una situación de plena seguridad y normalidad" en Ceuta tras la crisis migratoria acontecida el pasado 30 de julio con la llegada de miles de personas.
Peramato se ha pronunciado así en su discurso con motivo del acto de apertura del Año Judicial, que preside el rey, Felipe VI, ante las más altas autoridades del Estado, miembros del Gobierno encabezados por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la alta magistratura del país y responsables políticos como el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo.
La vuelta a la normalidad no está reñida con la humanidad
La fiscal general ha señalado que ese regreso a la normalidad que reclama para Ceuta "no esta reñido con los valores de humanidad y respeto a la dignidad de las personas" y en este punto ha querido reconocer el trabajo de las instituciones, entidades y personas voluntarias, que "con profesionalidad, humanidad y entrega contribuyen cada día a dar respuesta a estas difíciles circunstancias".
Igualmente, Peramato ha destacado la labor de los fiscales destinados en Ceuta que ha sido "esencial" para "garantizar la defensa de la legalidad y la protección de los derechos fundamentales de todas las personas afectadas y muy particularmente de niños y adolescentes, especialmente vulnerables".
Peramato ha destacado que Ceuta no ha sido el único tema que ha supuesto un desafío para los fiscales y ha hecho referencia a los incendios que han golpeado durante el verano en España. "Quiero expresar mi solidaridad con las víctimas y el reconocimiento a las personas que han colaborado en las labores de extinción", ha señalado para después reconocer el trabajo de los fiscales sobre el terreno.
Defiende la actuación de la fiscalía frente a los ataques
La fiscal general ha centrado su discurso, en el que ha resaltado algunos de los datos más relevantes de la memoria fiscal, en pedir más autonomía fiscal y en defender a la institución frente a lo que considera descalificaciones "sistemáticas e injustificadas".
Peramato ha indicado que asume que la sociedad actual se caracteriza "por una creciente demanda de transparencia y por una legítima exigencia de rendición de cuentas a las instituciones públicas". Sin embargo, se ha quejado de que su institución sea sometida a la "descalificación sistemática" y ha lamentado que se dé de ella una imagen "que no se corresponde con la realidad".
"En ocasiones se pretende presentar la actuación procesal de los fiscales mediante simplificaciones incompatibles con la complejidad jurídica de los asuntos en los que intervenimos", ha incidido para señalar después que "en determinadas circunstancias, se atribuyen "gratuitamente" a sus subordinados "motivaciones espurias donde únicamente existe una valoración jurídica".
"Se distingue entre buenos y malos fiscales según que la posición procesal que adopten convenga a unos o a otros, olvidando que todos y todas pertenecemos a una institución única que actúa de forma imparcial en los procedimientos, con sujeción exclusivamente a la ley", ha insistido.
Lucha contra la corrupción y el narcotráfico
Peramato ha resaltado que durante 2025 ha tenido especial relevancia la actuación del ministerio fiscal en la lucha contra la corrupción. "La investigación y persecución de estas conductas exige el máximo rigor, independencia y determinación", por ello la lucha contra la corrupción constituye una de las actividades estratégicas de la institución.
La fiscal general ha resaltado igualmente el "combate" contra las formas más complejas de delincuencia organizada como el narcotráfico, que continúa siendo una de "las principales amenazas para la seguridad y el Estado de derecho, debido a la creciente capacidad económica, sofisticación e internacionalización de las organizaciones criminales que operan en este ámbito".
Al respecto, ha hecho hincapié en que ese fenómeno se da con "especial intensidad" en zonas como el Campo de Gibraltar, alertando de que allí "la presión ejercida por las redes de narcotráfico plantea desafíos extraordinarios para las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley".
A su juicio, la respuesta institucional no puede limitarse a la incautación de droga, sino que es "imprescindible impulsar investigaciones patrimoniales y financieras que permitan identificar las estructuras económicas de las organizaciones criminales y privarlas de los beneficios obtenidos mediante su actividad ilícita, atacando así la base misma de su poder y capacidad de expansión".
