El Gobierno vuelve a llevar a examen en la Diputación Permanente el paquete de medida urgentes en materia de vivienda tras el rechazo en el Congreso. Esta cita se celebra previo a las elecciones del 29N y con las Cortes disueltas y, en concreto, con la posición del PNV determinante en la aprobación de estas medidas. Han sido varias las formaciones que han avanzado su apoyo al primer Real Decreto-ley pero no al segundo, relativo a las prórrogas en los alquileres, ya que no cuenta con el respaldo suficiente.
Al estar las Cortes disueltas por la convocatoria de elecciones, quien tiene la capacidad legislativa es la Diputación Permanente. En este caso, el voto de Junts no es imprescindible para el Gobierno, ya que la suma del resto de partidos (PSOE, Sumar, EH Bildu, ERC, Podemos y PNV) alcanza los apoyos necesarios para aprobar esta medida. Esto se debe a que PNV ya ha avanzado que votará a favor de este primer decreto.
No obstante, esta mayoría en la Diputación Permanente solo funciona para el primer decreto, aprobado por el Consejo de Ministros. En cambio, el segundo decreto, que tiene como objetivo prorrogar los contratos de alquiler, se enfrenta al rechazo de PNV y Coalición Canaria, por lo que lo más probable es que no salga adelante. Sin embargo, cabe añadir que la idea de Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, en el caso de que sea investido presidente del Gobierno, es derogar todo el paquete de estas medidas, el cual no contó con el visto bueno de los populares.
Principales medidas que entrarán en vigor del primer Decreto-ley
Línea de créditos 'Tu Casa' (ICO)
Se crea un mecanismo gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), dotado con 10.000 millones de euros y que contempla préstamos de hasta 50.000 euros destinados a la adquisición de la primera vivienda.
Fondo de impacto social y fondos buitre
Se incorpora un fondo de impacto social de 400 millones de euros para impulsar la promoción de vivienda por parte de proveedores sociales. Además, se endurecen las condiciones y excepciones para especular por parte de los fondos buitre.
Suspensión de desahucios en inmuebles de fondos
Aun con estas excepciones, si alguna de estas empresas adquiere o se adjudica, por un importe inferior al 70 % de su valor de mercado la vivienda habitual de una persona en situación de vulnerabilidad y que carezca de alternativa habitacional, quedará suspendido hasta el 31 de diciembre de 2030 un posible desahucio. El texto señala que este veto se extiende también a las personas jurídicas que ostenten la condición de gran tenedor conforme a la legislación estatal de vivienda.
La compra queda limitada a toda entidad con o sin personalidad jurídica dedicada a adquirir inmuebles o carteras de préstamo hipotecarios impagados por un precio claramente inferior a su valor de tasación de mercado, así como las personas jurídicas que ostenten la condición de gran tenedor conforme a la legislación estatal de vivienda o las entidades integradas en su mismo grupo o que actúen por su cuenta. La prohibición no se aplicará para las compras que ya estén elevadas a escritura pública, aunque no se encuentren aún en el Registro de Propiedad, cuando entre la ley en vigor.
Protección frente a los desahucios
Este decreto prohíbe los desahucios a personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta el año 2030 y regula una prórroga automática de los contratos de alquiler hasta 2028.
Desahucios por impago: las administraciones deben hacerse cargo
Si la administración autonómica correspondiente no ofrece una alternativa habitacional al inquilino en condición vulnerable que no puede pagar el alquiler, esta debe hacerse cargo del pago para evitar el desahucio. La administración tiene dos meses para proporcionar dicha alternativa o pagar al propietario las deudas, cantidades y cosas procesales. Esta situación se revisará cada 12 meses.
Límite a las actualizaciones de los contratos
Hasta finales de 2027, se limitan las subidas de contrato si la renta ya supera el máximo fijado por el sistema estatal de referencia. Para el resto de casos, la subida no podrá superar el 2%.
Más antelación para avisar al propietario
Los inquilinos deben avisar al propietario con al menos 30 días de antelación si quieren romper el contrato, solo si han transcurrido seis meses desde su firma.
Regulación del alquiler de temporada y por habitaciones
Los alquileres de este tipo tendrán que durar más de 31 días y no podrán superar los 12 meses, salvo excepciones que sean acreditadas debidamente. Si no se justifica, el alquiler pasará a ser arrendamiento habitual. Por otro lado, la ley establece que la suma de lo que se cobra por todas las habitaciones no podrá superar el total de alquiler que corresponde a la vivienda completa y en las zonas tensionadas se debe respetar el límite de precios establecido.
Deducción del alquiler para inquilinos
Habrá deducción estatal en la renta del 10% de las cantidades pagadas por la vivienda habitual para inquilinos con base imponible de menos de 33.307 euros. El propio Sánchez aseguró que en un alquiler de 800 euros mensuales, la deducción rondaría los 1.000 euros en la declaración de la renta.
Beneficios fiscales para propietarios
Los pequeños propietarios que reduzcan el precio del alquiler podrán beneficiarse de hasta el 100% del IRPF, según la reducción correspondiente.
IVA al 10% en pisos turísticos
Los alquileres de pisos turísticos tendrán que tributar al 10% de IVA, tanto los contratos de corta duración como aquellos en los que se den servicios compatibles con la hostelería.
Gravamen especial para socimis
Las sociedades de inversión inmobiliaria que tengan beneficios del alquiler residencial se acogerán a un impuesto especial de hasta el 25%, aunque esta cantidad se podrá reducir si se destinan las viviendas al alquiler asequible.
Recargos del IBI a viviendas vacías y turísticas
Los ayuntamientos podrán aplicar recargos de hasta el 150% a viviendas desocupadas desde hace más de tres años y también para inmuebles turísticos (mayor recargo para un propietario que tenga cuatro o más viviendas para esta finalidad).
Los inmuebles de la Seguridad Social pasan a Casa 47
Las viviendas que forman parte del patrimonio de la Seguridad Social se traspasan a Casa 47 para destinarlas al parque público del alquiler asequible.
Más vivienda social asequible
El Gobierno destinará 280 millones de euros en avales para impulsar la construcción industrializada de vivienda, con plazos menores a los habituales. También 2.000 millones a través del ICO para los préstamos públicos y privados a la hora de construir viviendas destinadas al alquiler social o asequible.
