El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado un plan de 15 medidas anticorrupción y que ha sido elaborado en su conjunto con Sumar y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Un plan con "propuestas de foro de Gobierno abierto y recomendaciones de la Comisión Europea". Según el presidente, es "la mayor lucha contra la corrupción en décadas en nuestro país".
El plan se erige en torno a cinco ejes que afectan tanto a empresas, como partidos políticos y la ciudadanía. Sánchez ha calificado el plan como "honesto, ambicioso y realista" y ha anunciado un acuerdo con la OCDE cada 12 y 24 meses para comprobar los resultados y la eficacia del mismo. El primer eje se centra en la prevención de riesgos y el fortalecimiento de los controles en materia de corrupción. Incluye seis medidas:
- Una Agencia de Integridad, Pública e Independiente, que asumirá las funciones claves en la "prevención, supervisión y persecución de prácticas corruptas". Los técnicos de la OCDE recomiendan su creación, según el presidente.
- Extender la metodología aplicada a los fondos Next Generation a toda la Administración del Estado. "Crear mapas de riesgo, de integridad y usar el análisis avanzado de datos para detectar procesos críticos". Se utilizará la Inteligencia Artificial en la plataforma del sector público.
- Exigir sistemas de 'compliance' a las empresas que quieran contratar con las administraciones
- Se desplegarán pactos de integridad para contratos públicos, un sistema que usan en otros países europeos.
- Nueva ley de Administración abierta y controles patrimoniales a altos cargos de manera anual para que nadie obtenga un beneficio.
- Se reforzarán los controles a los partidos políticos: obligar a partir de fundaciones con financiación pública superior a 50.000 euros a realizar auditorías externas, publicarlas un mes como muy tarde después de hacerla.
El segundo eje se centra en las personas que deciden dar un paso al frente para denunciar casos de corrupción, porque no hay que perseguirlas, sino protegerlas. Además de la Ley 2/2023 para la protección de los informantes y la autoridad independiente ha propuesto:
- Cualquier persona que acuda a la Fiscalía o a un juez para denunciar casos de corrupción contará con la máxima protección. Asimismo, las empresas y administraciones públicas deberán tener canales de denuncias, que formarán parte de un sistema general e integral.
El tercer eje contiene tres medidas para reforzar la capacidad del Estado para "investigar, juzgar y sancionar" estos comportamientos.
- Crear secciones especializadas en delitos contra la Administración Pública dentro de los nuevos tribunales de instancia, jueces y juezas especializados para "aumentar su eficacia".
- Otorgar carácter preferente a los casos de corrupción y se creará un procedimiento sumario a las causas que involucren a cargos públicos, así como un continuo refuerzo de la Fiscalía Anticorrupción
- Un anteproyecto de la ley de Enjuiciamiento criminal que incluirá una reforma estructural del modelo de instrucción penal atribuyendo esta competencia al ministerio Fiscal. Además, se endurecerán las penas por delitos contra la Administración pública y se duplicarán los pasos de preinscripción. Se aumentarán las multas sobre las constructoras. Se creará un sistema de exclusión y listas negras para evitar que empresas condenadas por corrupción puedan seguir trabajando con la Administración. Se retirarán subvenciones a formaciones políticas que mantengan en sus estructuras a personas condenadas.
El cuarto eje se centra en la recuperación de los bienes robados por corrupción, "hay que reparar el daño causado, devolver lo que es de todos y todas" ha señalado el presidente.
- Aumentar los medios, la plantilla de la oficina de gestión de activos, así como optimizar la colaboración con juzgados y administraciones
- Incluir la figura del decomiso administrativo preventivo que incautará bienes vinculados a actividades delictivas sin necesidad de condena previa.
- Estudios demoscópicos anuales sobre la percepción y experiencia directa de la corrupción en España
- Lanzar campañas de concienciación ciudadana, promover el uso de los canales de denuncias
- Reforzar la formación de los empleados de la función pública en el ámbito de la corrupción.
