Durante su intervención en Por Fin, Elisa Beni ha calificado el movimiento del CGPJ como "uno de los hechos más graves de los últimos tiempos" y asegura que supone una injerencia directa del Gobierno en la labor jurisdiccional.
La Comisión Permanente del CGPJ ha acordado, por cuatro votos a favor y cuatro en contra, abrir la vía para estudiar una posible sanción al magistrado. La decisión ha salido adelante gracias al voto de calidad de la presidenta del órgano, Isabel Perelló.
El origen de la polémica se encuentra en un auto de Peinado en el que justificaba la retirada del pasaporte a Begoña Gómez. En esa resolución, el juez deslizó que los escoltas policiales de la esposa del presidente del Gobierno podrían facilitar una eventual huida, una afirmación que ha provocado una intensa respuesta de sindicatos policiales y del Ministerio del Interior.
Beni reconoce que la frase utilizada por el magistrado fue desafortunada y asegura que ella misma la criticó públicamente. "Creo que fue una torpeza y un escupitajo a la Policía". Sin embargo, sostiene que la respuesta institucional posterior es mucho más preocupante que las palabras del juez.
La periodista denuncia que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, trasladara una queja al CGPJ solicitando actuaciones contra Peinado. A su juicio, se trata de una situación sin precedentes porque el Gobierno estaría promoviendo una actuación disciplinaria contra un juez por el contenido de una resolución judicial.
"Es la primera vez que el Gobierno interviene directamente para castigar a un juez por el contenido de una resolución judicial", ha asegurado durante el programa.
Además, cuestiona la rapidez con la que se produjeron los movimientos dentro del órgano de gobierno de los jueces. Beni recacalca que la presidenta del CGPJ convocara una reunión extraordinaria de la Comisión Permanente en domingo y que la votación definitiva se resolviera apenas unas horas después.
La interpretación de la Ley Orgánica del Poder Judicial
La analista sostiene que la actuación del CGPJ contradice lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial. En concreto, y cita el artículo 418.6, que contempla como falta grave el uso en resoluciones judiciales de expresiones "innecesarias, improcedentes, extravagantes o manifiestamente ofensivas e irrespetuosas".
No obstante, subraya que la propia norma establece que el Consejo solo puede actuar cuando exista una comunicación o deducción de testimonio del tribunal superior que revise esa resolución en vía de recurso.
Según ha explicado, en este caso debería ser la Audiencia Provincial la que, tras analizar el auto, decidiera si procede trasladar el asunto al CGPJ. Por ello, considera que el órgano de gobierno de los jueces se ha adelantado indebidamente y ha entrado a valorar una decisión jurisdiccional que todavía no ha sido revisada por la instancia superior competente.
