La operación la dirigen la Fiscalía Anticorrupción y el juzgado de instrucción número seis de la Audiencia Nacional, en manos del magistrado Eloy Velasco. Según ha informado la Fiscalía Anticorrupción en un comunicado, solo en los dos últimos años esta trama de corrupción municipal y regional, que operaba principalmente en Madrid, Murcia, León y Valencia, se habría adjudicado contrataciones por valor de 250 millones de euros.
Francisco Granados, exnúmero de dos de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre, es uno de los principales acusados de esta trama que, "infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías" de las provincias citadas, lograban contratos públicos en "connivencia" de ediles municipales y funcionarios, empresarios de la construcción y de empresas de servicios energéticos.
Según la Fiscalía, la trama se habría asegurado "el éxito de adjudicaciones públicas a 250 millones de euros, tan solo en los dos últimos años, y como contrapartida el cobro de comisiones ilegales, a costa de las Haciendas Municipales y Autonómicas". Además de los 51 detenidos, en la "Operación Púnica" se han llevado a cabo 259 mandamientos a registros de la propiedad con peticiones de anotaciones preventivas de prohibiciones de disponer, vender, gravar o enajenar de las personas físicas y sociales investigadas en aras de iniciar las acciones de recuperación de activos.
También 400 mandamientos dirigidos a entidades bancarias y compañías aseguradoras acordando los bloqueos de cuentas corrientes, valores, y cualquier otro producto con la prohibición expresa de realizar cualquier movimiento de fondos, así como 30 embargos preventivos de vehículos de alta gama de los principales investigados.
La operación, que ha sido declarada secreta por el magistrado Eloy Velasco, continuará en los próximos días, según la Fiscalía Anticorrupción. Fue en enero cuando se inició la operación después de recibir la Audiencia Nacional una comisión rogatoria de las autoridades suizas por sospechas graves de blanqueo.
Este ha sido el origen de las pesquisas de la Fiscalía en coordinación con Agencia Tributaria e Intervención General del Estado (IAG) y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La información aportada por todos permitió presentar una "detallada querella" ante Velasco, quien incoó diligencias en junio por delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la Administración y organización criminal.
A partir de esa fecha, según la Fiscalía, el juzgado ha dirigido "un eficiente trabajo de investigación", junto con las instituciones ya mencionadas, para culminar hoy con las detenciones de los 51 acusados y la adopción de las medidas cautelares para asegurar la recuperación de los productos y ganancias del delito.
Varios políticos detenidos
El principal detenido es, por ahora, Francisco Granados, que fue número dos con la presidenta madrileña Esperanza Aguirre al ocupar los cargos de consejero de Presidencia, Justicia e Interior. Otro de los arrestados es el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez (PP), quien sustituyó a la asesinada Isabel Carrasco en este cargo. Además han sido detenidos seis alcaldes de municipios madrileños: los alcaldes de Valdemoro, José Carlos Boza Lechuga, del PP, y de Parla, José María Fraile, del PSOE, y los de Collado Villalba, Casarrubuelos, Serranillos del Valle y Torrejón de Velasco.
Además entre los empresarios arrestados figuran David Marjaliza y Alejandro de Pedro Llorca, considerados como conseguidores en el entramado.
