El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado este viernes contra los acuerdos entre PP y Vox que incluyen el principio de "prioridad nacional" en el acceso a ayudas públicas, una medida que el Ejecutivo considera inconstitucional y contraria a los derechos fundamentales.
Sánchez ha señalado que existe un aspecto que, a su juicio, no ha recibido suficiente atención: el posicionamiento de Amnistía Internacional. "Hay algo que ha pasado un poco desapercibido", ha advertido, en referencia al rechazo de la ONG, que considera que estos acuerdos ponen en riesgo los derechos humanos.
El jefe del Ejecutivo ha coincidido con ese diagnóstico y ha sido contundente al criticar el concepto de prioridad nacional. "Están hablando de crear ciudadanos de primera y de segunda clase", ha afirmado, al tiempo que ha subrayado que esta medida vulnera principios básicos de la Constitución como la igualdad y la no discriminación.
Sánchez ha alertado de que esta diferenciación afectaría a la ciudadanía "viva donde viva, sea cual sea su origen, su raza, su orientación sexual o su género", y ha advertido del riesgo de abrir la puerta a una discriminación que podría extenderse a otros colectivos.
El Gobierno ya había avisado esta semana de que recurrirá a los tribunales si detecta incumplimientos legales derivados de la aplicación de esta medida en comunidades autónomas donde PP y Vox gobiernan en coalición.
En la misma línea, la ministra de Ciencia, Diana Morant, ha reforzado el mensaje del Ejecutivo: "Tendrán al Gobierno de España enfrente e iremos donde se tenga que ir".
El rechazo a la prioridad nacional también se ha extendido a otros ámbitos. La Iglesia católica ha mostrado su oposición, mientras que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertido que esta medida "segmentaría a la población" al otorgar más derechos a unas personas que a otras con los mismos deberes, lo que, a su juicio, perjudicaría la convivencia.
