La investigación judicial sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra ha conducido a un teléfono móvil intervenido hace cinco años en Estados Unidos. Su propietario era Rodolfo Reyes, empresario venezolano vinculado a la compañía aérea y actualmente investigado por presuntos delitos de blanqueo de capitales, corrupción y ocultación de activos.
Ahora, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama considera que los mensajes contenidos en ese dispositivo pueden ser determinantes para esclarecer el papel que habría desempeñado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la operación.
Por ello, el magistrado ha solicitado a las autoridades estadounidenses autorización para utilizar el contenido del teléfono como prueba en el procedimiento judicial que se sigue en España. El objetivo es blindar unas comunicaciones que las defensas podrían intentar impugnar alegando irregularidades en su incorporación a la causa.
El origen de la investigación
La historia se remonta a 2021. Cuando Rodolfo Reyes aterrizó en el aeropuerto de Miami, fue retenido durante varias horas por las autoridades estadounidenses por una investigación internacional sobre una presunta red de blanqueo de capitales y corrupción vinculada a empresarios venezolanos, los agentes le retiraron el visado y realizaron un volcado completo de la información almacenada en su teléfono móvil.
Durante años, ese material permaneció en manos de las autoridades estadounidenses. Sin embargo, hace apenas unos meses, una agencia de investigación dependiente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos compartió parte de la información con la Policía española. A partir de ese momento, la investigación dio un giro y comenzó a estrecharse el cerco sobre los responsables del rescate de Plus Ultra.
Los mensajes que apuntan a Zapatero
Aunque no existen mensajes directos entre Rodolfo Reyes y José Luis Rodríguez Zapatero, las conversaciones halladas en el dispositivo contienen múltiples referencias al expresidente en conversaciones con terceros.
Una de las más llamativas es la frase: "Nuestro pana Zapatero está detrás". En otros mensajes también aparecen referencias a la supuesta influencia política del expresidente tanto en procesos electorales como en reuniones empresariales.
"Zapatero aquí manda", señala una de las conversaciones incorporadas a la investigación. En otra, un interlocutor afirma: "Se notaba que nos han recibido por altas recomendaciones", a lo que responde: "Sí, pero nuestro pana Zapatero detrás".
Para los investigadores, estas conversaciones refuerzan la hipótesis de que existieron gestiones e influencias destinadas a favorecer el rescate público de la aerolínea, aprobado por el Gobierno durante la pandemia.
La importancia de las pruebas
Buena parte de la tesis policial sobre el presunto tráfico de influencias descansa precisamente en el contenido de estos mensajes. Según los investigadores, las conversaciones permiten reconstruir contactos, relaciones y posibles gestiones realizadas para facilitar una operación que terminó con la concesión de una ayuda pública de 53 millones de euros a Plus Ultra.
De hecho, tanto la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) como el propio juez consideran que la información obtenida del teléfono resulta de especial interés para el esclarecimiento de los hechos.
Calama sostiene que los mensajes tienen una relevancia para el esclarecimiento de los hechos que justifica solicitar autorización expresa a Estados Unidos para su utilización procesal.
Blindar la validez de los WhatsApp
La petición cursada por la Audiencia Nacional responde a una cuestión jurídica. Aunque el contenido del teléfono ya obra en la causa, el juez busca evitar que las defensas puedan cuestionar en el futuro la legalidad de esas pruebas.
Según fuentes jurídicas consultadas en el procedimiento, se trata de un trámite habitual cuando una prueba ha sido obtenida en otro país y posteriormente se pretende utilizar en un proceso penal español. La autorización expresa de las autoridades estadounidenses permitiría subsanar cualquier posible controversia sobre la cadena de custodia o las garantías procesales.
