Se trata de un debate para la admisión a trámite de una proposición que el grupo popular registró en la Cámara hace meses y que la Junta de Portavoces de la semana pasada incluyó en el orden del día del pleno que comienza este mismo martes.
Fue una inclusión adoptada antes de conocerse la votación de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos (el proyecto del Gobierno fue rechazado), y por tanto, antes de saberse la decisión de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones al 28 de abril.
Ello ha provocado que la disolución de las Cortes tenga lugar el próximo 5 de marzo, de modo que es prácticamente inviable que la propuesta del PP pueda tramitarse, y en consecuencia, aprobarse para su entrada en vigor.
Sin embargo, tanto el debate como la votación tendrán una especial relevancia política habida cuenta de la situación actual en Cataluña y de la reanudación hoy mismo en el Tribunal Supremo del juicio a los dirigentes acusados de convocar y promover tanto el referéndum del 1 de octubre de 2017 como la declaración unilateral de independencia tiempo después.
Fuentes de Ciudadanos han señalado que su voto será a favor, lo que aún no es suficiente para saber si se trata de una proposición de ley con respaldo de la mayoría de la Cámara.
La dirección del grupo popular, según han apuntado fuentes de la misma, está a la espera de conocer el voto del PSOE, ya que se da por descartado el de Unidos Podemos y el de las fuerzas nacionalistas con representación en la Cámara.
Ayer el PSOE, por medio de su responsable de Organización, José Luis Ábalos, se mostró crítico con esta proposición de los populares, pues en época del Gobierno de Mariano Rajoy tuvieron lugar dos referéndum en Cataluña.
Lo que el PP quiere con su medida es reformar el Código Penal para castigar con penas de entre tres y cinco años de cárcel a quienes convoquen referéndum ilegales, pero también, aunque con penas menores, a quienes los promuevan e incluso a quienes participen como interventores.