Este miércoles, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)ha anunciado que Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas serán los próximos como presidentes de las salas de lo Penal y lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
Apoyados por el sector conservador
Ambos magistrados apoyados por el sector conservador, ya ostentaban estos cargos de manera interina tras la retirada de sus competidoras Ana Ferrer y Pilar Teso. Ambas juezas se apartaron de la carrera por la presidencia de estos órganos del TS para no obstaculizar los acuerdos entre el lado conservador y progresista.
Nombramientos retrasados desde octubre
Fuentes cercanas a Europa Press han confirmado que Martínez Arrieta recibió 15 votos de los 21 posibles para presidir la Sala Segunda y Lucas 16 votos para la Sala Tercera. Esas mismas fuentes hablan de un apoyo transversal a ambas candidaturas, pero confirman que no todos los vocales progresistas votaron a su favor y que algunos de ellos han anunciado votos particulares.
En octubre pasado, el Consejo General del Poder Judicial convocó las plazas vacantes de tres presidencias del Tribunal Supremo: las correspondientes a las salas de lo Civil, lo Social y una tercera. Meses después, en febrero, el Consejo optó por separar los nombramientos de las salas Civil y Social para poder avanzar en su política de designaciones. Así, eligió al magistrado conservador Ignacio Sancho -único candidato- para la presidencia de la Sala Primera, y a la magistrada progresista Concepción Ureste para la Sala Cuarta, descartando así al otro aspirante, el conservador Juan Molina.
Salas clave en el engranaje institucional
Desde entonces, el CGPJ ha intentado en varias ocasiones completar los otros dos nombramientos pendientes, claves por su relevancia institucional. La Sala de lo Penal es la encargada de investigar y juzgar a los aforados, entre ellos miembros del Gobierno, senadores, diputados -como José Luis Ábalos- y otras altas autoridades, incluido el fiscal general del Estado. Por su parte, la Sala de lo Contencioso-Administrativo supervisa la legalidad de las decisiones del Ejecutivo a través de los recursos que se presentan ante ella.
En mayo, la presidenta del TS y del CGPJ, Isabel Perelló, siendo la tercera que iba al pleno, se encontró con una votación totalmente pareja. Por un lado, el bloque progresista otorgó 10 votos a las candidatas Ferrer y Teso y por el otro el bloque conservador otros 10 votos a Martínez Arrieta y a Lucas, más el voto en blanco de la propia Perelló.
Al ver que la votación no salía adelante, la presidenta decidió devolver el asunto a la Comisión de Calificación, para dar tiempo a la negociación, según precisaron fuentes del órgano de gobierno de los jueces. Fuentes consultadas ya avisaron de que la intención de la presidenta era hacer estos nombramientos antes de que acabara el curso judicial, si bien en estas semanas las posiciones de los sectores conservador y progresista del CGPJ apenas se han movido. Constatado el bloqueo, fueron las propias candidatas quienes movieron ficha el pasado jueves.
"Interés de servicio público"
"Ante la incapacidad de ese Consejo para aunar los consensos necesarios a favor de alguno de los dos candidatos en liza, el mismo interés de servicio público que me animó a presentarme a la convocatoria, me anima ahora a renunciar", dijo Ferrer en una carta a Perelló. En la misiva, explicó que "ninguna de las salas" del TS, "pero aún menos la Sala Segunda, dada la naturaleza de los asuntos de los que conoce, merece perpetuar su funcionamiento con una presidencia en funciones".
Tanto Ana Ferrer como Pilar Teso justificaron su retirada ante la falta de consenso dentro del CGPJ, señalando que la prolongación de la interinidad en las presidencias de las salas de lo Penal y lo Contencioso-Administrativo deterioraba la imagen y el funcionamiento institucional del Supremo. Ferrer alertó del desgaste que provocan los vetos ideológicos frente a criterios como el mérito o la igualdad, mientras que Teso advirtió del riesgo de cronificación en la falta de liderazgo, lo que impediría afrontar los desafíos que afronta el tribunal.
Desde el bloque progresista se defendía que ambas candidatas presentaban los mejores programas de gobierno y que, a diferencia de sus rivales, podrían cumplir los cinco años de mandato completos. Sin embargo, el sector conservador del Consejo respaldó la experiencia de Martínez Arrieta y Pablo Lucas, destacando su posición en el escalafón judicial y el hecho de que ya ocupaban interinamente los cargos, con jubilaciones previstas para 2026 y 2027, respectivamente.
Sin rivales
Fuentes del CGPJ afirman que Ferrer y Teso tomaron la decisión de retirarse por iniciativa propia, al constatar que no alcanzarían los 13 votos necesarios para ser elegidas. Sin embargo, otras voces dentro del órgano señalan que ambas magistradas habrían recibido presiones internas en sus respectivas salas para no competir con Martínez Arrieta y Lucas, considerados perfiles veteranos con méritos suficientes para cerrar su carrera profesional al frente de estas presidencias.
A esos condicionantes se sumaría, según las mismas fuentes, un "veto encubierto" de la presidenta Isabel Perelló hacia Teso por motivos personales, así como el temor del bloque progresista a que una reapertura del proceso diera entrada a candidatos menos adecuados que los ya interinos. El resultado fue una salida pactada y sin enfrentamientos: Ferrer elogió públicamente a Martínez Arrieta y le ofreció su colaboración, mientras que Teso expresó su plena confianza en que Lucas ejercerá el cargo con solvencia.
