Seis semanas después de la entrada masiva de migrantes de finales de julio, Ceuta continúa tratando de recuperar su vida normal mientras miles de personas permanecen todavía en la ciudad autónoma. El Gobierno de Ceuta estima que alrededor de 13.000 migrantes, entre adultos y menores, continúan en territorio ceutí, aunque el Gobierno de Sánchez insista en que la cifra es menor.
La situación ha experimentado algunos avances. Este domingo, 864 migrantes que dormían en la calle fueron trasladados desde Loma Colmenar hasta el nuevo dispositivo temporal habilitado en Los Rosales, con capacidad para acoger a estas personas en carpas con literas y duchas. La operación se realizó de forma voluntaria y sin incidentes graves, aunque decenas de migrantes que intentaron acceder posteriormente al recinto tuvieron que ser dispersados al encontrarse ya completo.
De esta forma, el Gobierno asegura disponer ya de unas 4.300 plazas temporales para adultos y trabaja para superar las 6.000 en los próximos días. El objetivo es sacar de la vía pública a quienes todavía permanecen en asentamientos y, al mismo tiempo, facilitar el triaje de los expedientes para determinar quién puede permanecer en España y quién debe ser devuelto.
En paralelo, el Gobierno ha acelerado los procedimientos administrativos. Más de 5.300 migrantes han regresado voluntariamente a Marruecos desde el pasado 10 de agosto y alrededor de 300 personas han sido expulsadas por delitos, infracciones o incluso por terrorismo. Además, Interior ha iniciado al menos 1.800 expedientes de devolución, aunque ninguno de estos procedimientos había culminado todavía, según los últimos datos conocidos.
Hoy mismo, según ha confirmado EFE, tres migrantes de origen marroquí han sido detenidos por la Policía Nacional por ocupar ilegalmente tres viviendas ubicadas en distintas zonas de Ceuta.
Crece la tensión y las agresiones sexuales en las calles
A pesar de la descongestión de los asentamientos de migrantes, la tensión en la ciudad sigue siendo más que palpable. Durante el último fin de semana se produjeron dos incidentes en menos de 24 horas en los que resultaron agredidos dos guardias civiles y un militar.
A esta situación se suma un nuevo episodio de carácter sexual ocurrido este domingo. La Policía Nacional detuvo anoche a un migrante marroquí acusado de acosar sexualmente a una mujer en pleno centro de Ceuta. La Fiscalía ha calificado inicialmente los hechos como agresión sexual y el caso queda ahora en manos del juzgado.
En este ámbito, el último balance oficial de la Fiscalía elevó a 23 las agresiones sexuales investigadas desde el inicio de la crisis, aunque ese dato corresponde al balance realizado a finales de agosto y no permite afirmar que esa cifra sea la acumulada a día de hoy.
Una crisis que también se ha convertido en un problema político
La gestión de la entrada masiva continúa generando una fuerte disputa política. La desclasificación de los informes del CNI ha abierto una nueva grieta en la Delegación del Gobierno en Ceuta, después de que Gonzalo Sanz, jefe de gabinete de Miguel Ángel Pérez Triano, presentara su dimisión tras asegurar que trasladó al delegado el 29 de julio un aviso del CNI sobre la posible entrada masiva de migrantes. Pérez Triano sostiene que no recibió esa alerta en esos términos.
La dimisión se produce mientras el PP y Vox reclaman responsabilidades al Gobierno por la gestión de la crisis y la Audiencia Nacional investiga las circunstancias de la entrada masiva. Este mismo lunes, la magistrada María Tardón ha pedido al juzgado de Ceuta que valore remitirle las diligencias abiertas por las querellas contra el delegado del Gobierno, al considerar que podrían estar relacionadas con la investigación que dirige.
Mientras tanto, el Gobierno defiende que está actuando para descongestionar los asentamientos, ampliar los recursos de acogida y tramitar individualmente la situación jurídica de quienes permanecen en Ceuta. La crisis, por tanto, continúa abierta no solo en las calles de la ciudad autónoma, sino también en el terreno político y judicial.
