Un anónimo pide al juez del 1-O rastrear la labor de la interventora del Govern

Según consta en el sumario del caso, a que ha tenido acceso Efe, el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Antonio Ramírez Sunyer, recibió el anónimo el pasado 16 de enero, el mismo día que Hacienda le remitió al magistrado un escrito "urgente" advirtiéndole de que la Interventora no había respondido su requerimiento de información de los gastos del Govern para el 1-O.

En una providencia, fechada el 19 de enero, tres días después de recibir el anónimo, el juez, que mantiene imputadas a una veintena de personas, entre ellos varios altos cargos del Govern por los preparativos del referéndum ilegal, acordó remitir el escrito anónimo a la Fiscalía "a los efectos que procedan".

El anónimo insta al juez a que "en relación a los actos y actividades relacionadas con el proceso independentista", se investiguen "las autorizaciones y firmas de contratos, gastos y pagos, tanto en papel como en forma electrónica, realizados por la actual interventora general de la Generalitat durante los años 2016 y 2017".

Vidal, que fue nombrada interventora general de la Generalitat en mayo de 2016, aseguró el pasado julio, en respuesta a un requerimiento del ministerio de Hacienda, que el gasto de 6.150 euros -que llevó al Gobierno a controlar semanalmente los gastos de la Generalitat- no tenía ningún tipo de relación con el referéndum del 1-O.

Cuando el entonces conseller de Economía y vicepresidente Oriol Junqueras -actualmente encarcelado- advirtió en septiembre pasado de que la Generalitat dejaría de enviar los informes semanales sobre sus gastos y sólo haría uno mensual, Hacienda anunció que pondría en manos de la Fiscalía la actuación de la Interventora General, por acatar la orden "de un superior situado fuera de la legalidad".

Tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, por el que el Gobierno destituyó al gobierno catalán en pleno el pasado 27 de octubre, el juez ordenó al ministerio de Hacienda que diera las órdenes oportunas para rastrear los gastos del Govern en relación al referéndum, después de que la Generalitat sostuviera que no constaba ningún tipo de gasto para el 1-O.

En respuesta a un requerimiento de Hacienda, la Interventora General ya aseguró en noviembre pasado que los contratos firmados por la administración catalana con Unipost -empresa de mensajería a la que se intervinieron miles de tarjetas censales para el 1-O-, respondían a "servicios postales ordinarios propios" y no vinculados "a la financiación de ninguna actuación ilegal ni contraria a las decisiones de los tribunales".

Hacienda volvió a remitir un nuevo requerimiento a la Interventora General el pasado 15 de enero, para exigirle que detallara información relativa a los gastos de las consellerías vinculados al 1-O, advirtiéndole de que si no respondía antes del 24 de enero se le podrían exigir responsabilidades personales por su incumplimiento.

Al día siguiente, 16 de enero, Hacienda envió al juez de Barcelona un escrito "urgente" en el que alertaba de que este requerimiento se encontraba todavía pendiente de respuesta por parte de la Interventora General y, ese mismo día también le llegó al magistrado el anónimo.