El abogado Martín Zudaire ha renunciado a la defensa del presunto socio del ex número 3 del PSOE Santos Cerdán en la empresa navarra Servinabar, Antxon Alonso, investigado en el caso Koldo en relación a la presunta adjudicación irregular de obras públicas a cambio de mordidas.
En un escrito al Tribunal Supremo, al que ha tenido acceso EFE, el abogado anuncia su renuncia y la de los letrados de su despacho, Zubiri&Zudaire, así como la de la procuradora, a seguir con la defensa de Antxon Alonso Egurrola.
En consecuencia, indica el escrito, solicitan al Supremo que se requiera al investigado para que designe "nuevos letrados y procurador que lo defiendan y representen".
Martín Zudaire ocupó el puesto 15 en las listas de Nacionalistas Vascos al Ayuntamiento de Pamplona en las elecciones municipales de 1979.
Entre los últimos casos que ha llevado, figura la defensa de las ex directoras generales del Departamento de Desarrollo Económico imputadas en el caso Davalor, en el que se investigaban las ayudas públicas que concedió el exconsejero Manu Ayerdi, del PNV, a la empresa Davalor cuando el gobierno de Navarra estaba en manos de la coalición Geroa Bai.
El papel de Antxon Alonso en la trama Koldo
Antxon Alonso aparece en el informe de la UCO en relación al contrato privado, de 2016, hallado en el registro de la vivienda, y en el que Cerdán adquiría casi la mitad de participaciones de Servinabar.
En su comparecencia como investigado en el Supremo, en la que solo respondió a su defensa, confirmó la versión de Cerdán, de que el exdirigente socialista firmó el documento, en un momento en el que pensó en abandonar la política y él le ofreció la opción de ser socios, si bien Cerdán habría dado marcha atrás y rompió su documento.
Alonso, en cambio, lo guardó en el trastero pese a que, según su versión, no tenía ningún valor al no haber sido elevado a escritura pública, por tanto, él fue siempre socio único.
Tras su declaración, el instructor del caso Koldo le impuso una serie de medidas cautelares: entrega de pasaporte, prohibición de salir de España y la obligación de comparecer cada quince días en sede judicial.
