La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha tachado de "inaceptable" la decisión de Ferrovial de trasladar su sede social a Países Bajos, respaldada este jueves por una amplia mayoría de sus accionistas.
"La inaceptable decisión de Ferrovial de cambiar su sede a Ámsterdam ha generado indignación en nuestro país", ha escrito Díaz en un mensaje publicado en su cuenta de 'Twitter', horas después de que los accionistas de la compañía dieran 'luz verde' al traslado.
La titular de Trabajo ha asegurado que el Gobierno seguirá defendiendo el interés general y ha apelado también al papel de las empresas: "Tienen que comprometerse con su país y la mejor forma es avanzar en democracia económica".
La multinacional dejará de ser española
Con un quórum del 77,6%, la junta de Ferrovial ha dado 'luz verde' a la operación por la cual la matriz española se fusionará con su filial neerlandesa, cuyo resultado creará una nueva firma con sede en ese país y que supondrá que la multinacional deje de ser española.
En cualquier caso, todavía está abierta la puerta a que una parte del porcentaje de accionistas de Ferrovial que ha votado en contra, todavía por conocer, ejerza su derecho de separación, es decir, venda sus acciones a la empresa por su oposición a que se ejecute ese traslado.
Si solo un 2,56% de los accionistas lo ejerce en el plazo de un mes a contar desde este jueves, la operación no saldrá adelante, puesto que la contraprestación a pagar por Ferrovial superará el límite de 500 millones que fijó en los términos de la operación.
Si nadie ejerce ese derecho, o al menos no se llega a ese porcentaje, se cerrará así un periodo de más de un mes y medio de tensiones entre el Gobierno español y la compañía, después de que el primero trasladase su disconformidad con la operación y la segunda defendiese de derecho de acometer una fusión transfronteriza, en este caso con un país europeo.
El único fleco abierto ahora será el del coste fiscal de esta operación, es decir los impuestos a pagar por el traslado. El Gobierno ya ha advertido a la empresa que si la Agencia Tributaria no encuentra motivos económicos (sino fiscales) para realizar la operación, no quedará exenta de las ventajas fiscales que aplican en estos casos.
