Para atajar el encarecimiento de los carburantes, además de bajar el IVA, el Gobierno va a reducir el tipo del impuesto especial de hidrocarburos, que actualmente es de 0,379 euros por litro de diésel y 0,47269 euros por litro de gasolina.
Qué es el impuesto de hidrocarburos
Se trata de un impuesto especial que se aplica a los combustibles como la gasolina, el diésel o el queroseno. Se fija por cantidad, por ejemplo, por litro, y se paga cuando se fabrican o importan carburantes, pero acaba repercutiendo en el precio que pagas en la gasolinera.
Por eso, cuanto más alto es este impuesto, más caro es repostar. El Gobierno ha decidido eliminar este impuesto, que en la práctica supone una bajada del precio por litro y así aliviar el gasto de familias y empresas.
Rebaja del IVA de los carburantes del 21% al 10%
La rebaja del IVA del 21% al 10% en los carburantes, que además de la eliminación del impuesto de hidrocarburos, ha incluido el Gobierno en su plan anticrisis, contrasta con la bonificación universal de 20 céntimos por litro de combustible que el Gobierno aprobó en 2022 para paliar los efectos de la guerra en Ucrania.
Las patronales y gasolineros habían pedido al Ejecutivo que optara esta vez por rebajar la fiscalidad de los carburantes, dados los problemas que generó la bonificación al combustible establecida tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
Un ahorro de hasta 20 euros por depósito
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que la reducción del IVA se va a traducir en una rebaja efectiva de hasta 30 céntimos por litro en función del carburante: "Cuando hablamos del precio de los carburantes, va a suponer unos 20 euros de ahorro por depósito en un coche medio".
Se votará el próximo jueves en el Congreso
El Congreso debatirá y votará el próximo jueves, 26 de marzo, este decreto ley con medidas para paliar las consecuencias económicas de la guerra en Irán.
Como todo decreto ley, su entrada en vigor es inmediata, pero después tiene que someterse a votación en el Congreso para su convalidación o derogación en un plazo de treinta días.
No obstante, la Junta de Portavoces ha decidido que, cuando el decreto ley llegue al Congreso, se calificará rápidamente en la Mesa de la Cámara para incluirlo en el Pleno de la próxima semana y así no demorar más la convalidación.
