La Justicia y las comunidades se comprometen a apoyar a los juzgados de las claúsulas suelo

Durante la reunión de la comisión de coordinación, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha defendido dicha especialización a fin de resolver los litigios dentro de los adecuados tiempos de respuesta y garantizar la "uniformidad" en las soluciones aportadas a los ciudadanos.

También ha insistido en la "flexibilidad" del presente plan, que a partir de mañana activará 54 juzgados de Primera Instancia repartidos por todo el territorio nacional, ya que las medidas de refuerzo pueden adaptarse a los circunstancias planteadas en cada momento.

Para garantizar la mayor seguridad jurídica de los ciudadanos, Lesmes ha insistido en la necesidad de coordinar esfuerzos en un "sistema de Justicia complejo" en las que las competencias están distribuidas entre el CGPJ, el Ministerio y los Gobiernos autonómicos.

El plan será sometido a evaluaciones mensuales, con el objetivo de conocer el volumen de las demandas presentadas en estos juzgados y concretar así el posible apoyo que cada uno de ellos puede precisar.

Según ha informado el CGPJ, algunas comunidades autónomas ya han acordado las medidas necesarias para dotar de medios personales -secretarios y otros funcionarios- y materiales a estas sedes judiciales, si bien otras lo irán haciendo en función de la carga de trabajo que vayan registrando.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado en el encuentro que su departamento nombrará tanto personal como sea necesario, siempre que la cantidad de demandas registradas lo acredite.

En un comunicado, la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) ha manifestado su "alarma" ante la designación al frente de dichos juzgados de magistrados "de prácticas y sin experiencia", que deberán solventar una de las cuestiones "más importantes de la realidad española".

Al respecto, consideran que el sistema propuesto "no va a ser el medio más adecuado para resolver el tema" pues la clave haría sido una solución que partiese "del consenso de los partidos políticos en las Cortes, con una regulación adecuada al respecto".