Estas medidas sobre control financiero se llevarían al Consejo de Ministros para su aprobación y se irían endureciendo, escalón a escalón.
Según han indicado a Onda Cero fuentes cercanas al Gobierno, se quiere evitar contratos con particulares y con empresas con pagos en diferido, que se abonarían en el Presupuesto del año que viene o en años posteriores.
La interventora general de la Generalitat catalana informa semanalmente a la Hacienda central y afirma hasta ahora que no se ha gastado un euro público en el proceso secesionista, pero el departamento que dirige Cristóbal Montoro no se fía.
Incluso se estudia controlar con más detenimiento las transferencias que la Administración Central envía a Cataluña dentro del sistema de financiación.
El ministro de Hacienda ha advertido de que quien apruebe pagos ilegales, podría incurrir en responsabilidades penales.