Aunque el decreto no incluye medidas para intervenir los precios del alquiler -uno de los compromisos del Gobierno con Podemos en el pacto de Presupuestos- se amplía el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de tres a cinco años y también el plazo de prórroga tácita de uno a tres años (el plazo temporal por el que se amplía el contrato una vez transcurrido el periodo de prórroga obligatoria).
Respecto a la fianza, se limitan las garantías adicionales hasta un máximo de dos mensualidades, salvo que se trate de contratos de larga duración, lo que limita la carga económica que genera al inquilino la firma de un nuevo contrato, a través de un aval o depósito bancario que se suma a la cuantía de la fianza.
Los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato correrán a cargo del arrendador, cuando este sea persona jurídica (una sociedad o empresa), salvo aquellos gastos en los que se haya incurrido por iniciativa directa del arrendatario.
Asimismo, se facilita la adopción de acuerdos entre el propietario y el inquilino para la renovación o mejora de la vivienda en el transcurso de un mismo contrato, sin esperar, como hasta ahora, a que finalice.