El debate sobre la sostenibilidad de las pensiones vuelve al centro de la agenda europea. Alemania ha decidido dar un paso adelante con una reforma estructural de su sistema que incluye retrasar progresivamente la edad de jubilación y reforzar los mecanismos de financiación, en un contexto en el que España también afronta tensiones demográficas y financieras, aunque con una sociedad reacia a medidas más duras.
El periodista Ignacio Rodríguez Burgos profundiza sobre esta cuestión en una nueva edición del podcast de Onda Cero, La Mirada Económica.
Alemania eleva la presión reformista
El Gobierno alemán ha puesto en marcha un plan que contempla retrasar la edad de jubilación primero a los 67 años en la próxima década y posteriormente hasta los 70 a finales de siglo. La reforma incorpora además dos elementos clave: vincular la cuantía de las pensiones a la esperanza de vida y obligar a trabajadores y empresas a aportar un 2% del salario a un fondo que invertirá en los mercados financieros.
El objetivo es reforzar la sostenibilidad del sistema público y generar ingresos adicionales cercanos a los 30.000 millones de euros anuales. Berlín sigue así la senda iniciada hace décadas por Suecia.
España: consenso en el problema, rechazo a las soluciones
En paralelo, en España el diagnóstico parece claro, pero no las recetas. Según una encuesta de Funcas, ocho de cada diez ciudadanos no jubilados consideran que las reformas recientes son insuficientes y que serán necesarios nuevos ajustes.
Sin embargo, existe un amplio rechazo a medidas como retrasar la edad de jubilación. La investigadora Elisa Zulia subraya que "no hay una presión extraordinaria en este momento para financiar las pensiones", lo que reduce la urgencia percibida por la sociedad.
Aun así, cuatro de cada cinco encuestados se oponen a trabajar hasta los 70 años, reflejando una postura que el propio estudio define como conservadora o continuista.
Un sistema bajo presión demográfica
El sistema español ya muestra signos de tensión. En junio, la Seguridad Social abonó 28.431 millones de euros en pensiones, incluyendo la paga extra de verano, con un aumento del 6,5% interanual impulsado por la jubilación de los baby boomers.
La pensión media se situó en 1.371 euros mensuales, mientras que la de jubilación alcanzó los 1.572 euros. Al mismo tiempo, el déficit estructural del sistema sigue siendo elevado.
El economista Luis García advierte de que "si esto sigue como está funcionando ahora, las cuentas no solo no saldrán sino que saldrán menos", en un contexto marcado por el envejecimiento de la población, la baja natalidad y la precariedad salarial.
Más gasto y dudas sobre la financiación
El desequilibrio obliga a recurrir a transferencias del Estado y deuda pública. Según García, la diferencia entre ingresos y gastos supera los 60.000 millones de euros anuales.
El debate no es solo si las pensiones son sostenibles, sino cómo se financian. "Las pensiones se van a poder seguir pagando. La pregunta es a costa de qué", señala, alertando del impacto sobre otras partidas como sanidad, educación o infraestructuras.
Las previsiones apuntan a que el gasto en pensiones podría alcanzar el 18% del PIB, un nivel asumible, pero con costes intergeneracionales.
Tecnología, empleo y nuevo contrato social
A medio plazo, el impacto de la inteligencia artificial añade incertidumbre al sistema. La automatización amenaza con reducir cotizantes mientras aumenta la productividad, lo que obliga a repensar el modelo.
García plantea que "tenemos que redefinir el sistema entero" y abre la puerta a fórmulas como una renta básica o nuevos mecanismos de redistribución ante un mercado laboral en transformación.
Vivienda y desigualdad: el otro frente económico
El podcast también pone el foco en el problema de la vivienda, que absorbe cerca de un tercio del gasto familiar. El Banco de España alerta de una "emergencia nacional" por la falta de oferta, con un déficit acumulado de 750.000 viviendas en cuatro años.
Mientras, los precios siguen elevados y el acceso se complica, especialmente en grandes ciudades, en un contexto de salarios contenidos y aumento de la desigualdad.
Corrupción e incertidumbre económica
Por último, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, advierte del impacto de los casos de corrupción en la imagen internacional de España. "La situación es inadmisible", afirma, reclamando estabilidad en un momento de transformación económica global.
La economía española, que creció un 0,6% en el primer trimestre, muestra signos de desaceleración, con menor impulso de la inversión y el consumo.
En este escenario, Europa avanza en reformas estructurales mientras España mantiene abierto un debate clave: cómo garantizar el futuro de las pensiones sin romper el equilibrio social.
