El origen de los problemas de Tubos Reunidos radica en la fuerte competencia en el mercado internacional por la creciente presencia de fabricantes chinos y ucranianos que compiten con al firma vasca con precios bajos. Así, antes de la pandemia de la covid-19 ya perdía dinero, y en 2021, dada la situación de dificultad por la que atravesaba, recibió un préstamo de la SEPI de 112 millones de euros, una inyección que fue positiva y le ayudó a anotarse tres años de beneficios entre 2022 y 2024, ejercicio en el que ganó 28 millones.
Pero tras ese periodo de bonanza, el año pasado llegaron los aranceles impuestos por el presidente estadounidense, Donald Trump, primero del 25 % y luego del 50 % a partir del 1 de junio, con lo que perdió su principal mercado, el estadounidense, que suponía una cuota del 45 % de las ventas.
ERE en dos plantas
La empresa, con 1.300 empleados, enviaba los tubos desde sus factorías vascas a la de Houston, donde los afinaba, pero la subida de los aranceles los hizo menos competitivos. Como reacción, presentó en febrero un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en sus plantas de Amurrio (Álava) y de Trápaga (Bizkaia), las dos principales, con 301 despidos, pero, tras dos meses de huelgas y la entrada en concurso de acreedores, el administrador concursal -de la consultoría PKF Attest- lo ha anulado.
La semana pasada, el administrador concursal de Tubos Reunidos se reunió con los sindicatos y les aseguró que tratará de salvar toda la empresa, sin que se tenga que vender por lotes, aunque hará falta "tiempo y la llegada de un inversor".
Hasta el momento, las instituciones vascas han explicado que ha habido inversores que han preguntado por la firma, pero también han insistido ninguno dará el paso de invertir en ella hasta que se acuerde una quita de la deuda de 263 millones que acumula, de la que más de la mitad, 150 millones, la mantiene con SEPI, después de haberse generado intereses sobre el préstamo.
La situación se ha complicado aún más esta semana, con el registro por parte de la UCO de las oficinas de Tubos en el marco de una pieza secreta que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. En uno de los atestados de la UCO, se alude a indicios de que el grupo denominado 'Hirurok' (Nosotros tres, en euskera, y presuntamente integrado por Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso) habría llevado a cabo "acciones tendentes al otorgamiento de esta ayuda, percibiendo por ello un total de 114.950 euros" a través de la empresa Mediaciones Martínez.
Dificultades para negociar la quita
Ahora, con esta investigación judicial, va a ser muy complicado negociar una quita de la deuda por parte de la SEPI -el principal acreedor- que abriría la puerta a renegociar con el resto de acreedores bancarios y a algún inversor. Si no se logra la quita y un nuevo inversor que se interese por invertir en todo el grupo, el siguiente paso sería la liquidación, con la venta de la empresa por lotes, ya que la situación de las dos fábricas principales, las de Amurrio y Trapaga, es muy diferente: La alavesa está peor que la vizcaína, y de hecho, el ERE que planteó la dirección preveía inicialmente 274 salidas en Amurrio y solo 27 Trapaga.
Por ello, Trapaga -cuyo nombre oficial es Productos Tubulares- apunta a ser la factoría que podría salvarse, mientras que Amurrio, la principal del grupo con 870 de los 1.300 empleados, ve más negro su futuro.
Mientras, en la caja hay dinero al menos para pagar las nóminas hasta agosto, no más, y con los dos meses que han estado en huelga en Amurrio y la crisis de Ormuz prolongándose, no han entrado nuevos pedidos. Todo apunta a que la vuelta del verano va a ser traumática en la firma alavesa.
