La Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) ha cerrado un 2023 "preocupante" ante el incremento, que ha cifrado en un 80 por ciento con respecto a 2022, de las estafas por 'phishing' y 'smishing' en lo que va de año la entidad ya han recibido 30 consultas en esta materia.
Este tipo de delitos crecen, según ha explicado este martes en rueda de prensa en Mérida la portavoz de la entidad, Lali Bermejo, quien ha estado acompañada por el presidente de la UCE, Javier Rubio, principalmente en épocas de rebajas a través de una supuesta suplantación de identidad con el banco, por lo que ha pedido "ser cautelosos" para no caer en esta estafa.
También ha sido un año de "muchas buenas noticias", debido a que todas las sentencias por estafas de 'phishing' han sido favorables para el consumidor y ha podido recuperar su dinero, aunque también ha sido un 2023 "complicado" por la venta ilegal de aceite de oliva en Extremadura.
Así, la UCE ha atendido en total, durante el 2023, 8.964 consultas y 968 reclamaciones, que suma un total de 9.932, casi un 18 por ciento más que en 2022, debido a que "cada vez el consumidor conoce más sus derechos y está siendo más exigente con el cumplimiento de la normativa", según ha detallado la portavoz.
En concreto, los servicios financieros encabezan el ranking con 2.879 reclamaciones y 482 consultas, en total 3.361, debido a los gastos de formalización de las hipotecas, las comisiones bancarias o las estafas por phishing, smishing o vishing, que ha tenido su auge aprovechando la fusión entre entidades de este sector.
En segundo lugar se encuentra, con 1.374 reclamaciones y consultas, los suministros básicos, principalmente la luz, por la subida del IVA y problemas en la facturación, y el gas, ya que muchos consumidores estaban pagando de más en el mercado libre.
Seguidamente se encuentra la Administración Pública, con 1.109 reclamaciones y consultas, en la que sobresale la Administración Nacional, en las que se han atendido a asuntos relacionados con la declaración de la renta o las deducciones, la Administración Autonómica, en materia de impuestos complementarios, y la local, enfocado en multas y tasas.
