La Policía Nacional ha liberado a once trabajadores de origen extranjero en situación de extrema vulnerabilidad y víctimas de explotación laboral en cuatro restaurantes de comida rápida tipo 'kebab' en las ciudades de Cádiz y Badajoz, por lo que han sido detenidas cuatro personas.
Con ello se da por desarticulado una organización criminal dedicada presuntamente a la trata de seres humanos, delitos contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
La investigación ha sido desarrollada de forma conjunta por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Cádiz y la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Badajoz.
Las víctimas, procedentes principalmente de Pakistán, habían abandonado sus países de origen huyendo de situaciones de pobreza extrema, precariedad laboral y graves problemas de seguridad, según ha informado la Policía en nota de prensa.
"Muchas de ellas soportaban importantes cargas familiares y habían emprendido su viaje con la esperanza de encontrar oportunidades laborales en Europa", ha apuntado.
Así, una vez en España, y encontrándose en situación administrativa irregular, aceptaban trabajos en los citados establecimientos de hostelería, donde, según la Policía, eran sometidos a condiciones laborales y de vida extremadamente precarias.
En algunos casos, las víctimas residían en los propios locales donde trabajaban, durmiendo en sillas y sin disponer de colchones.
Utilizaban los baños destinados al público para su aseo personal y se alimentaban con la comida disponible en el establecimiento, según los investigadores.
Además, sus jornadas laborales se prolongaban entre doce y catorce horas diarias, en ocasiones sin percibir salario o recibiendo remuneraciones mínimas.
Según la Policía, otros trabajadores eran alojados en viviendas, donde convivían hacinados con otros compatriotas en condiciones insalubres, llegando a detectarse colchones infestados de chinches.
"A pesar de estas condiciones, mantenían jornadas laborales igualmente extensas, con escaso descanso, alimentación insuficiente y percepciones económicas que en algunos casos apenas alcanzaban los cien euros mensuales", ha expresado.
Según la investigación, las víctimas estaban sometidas a un "férreo control" por parte de los responsables de la organización, mediante cámaras de seguridad en los establecimientos, a través de las cuales los tratantes les daban instrucciones e incluso les despertaban durante la noche para realizar distintas tareas.
Asimismo, supuestamente eran objeto de humillaciones, coacciones psicológicas y amenazas constantes, especialmente relacionadas con su situación administrativa irregular, como que serían denunciados para su expulsión del país si abandonaban el trabajo.
Eran amenazadas, según el cuerpo policial, con ser grabadas y difundidas en redes sociales si no obedecían las órdenes recibidas, y tratados de unos jefes a otros, cambiándolas de ciudades, "como sí de ganado se tratase, anulando totalmente su voluntad".
Todo ello, les provocó a las víctimas secuelas físicas y psicológicas, entre ellas ansiedad, insomnio y cuadros depresivos.
La operación policial ha culminado con la realización de cuatro registros domiciliarios: dos en Badajoz , uno en una vivienda utilizada para alojar a trabajadores y otro en el domicilio de uno de los investigados, y dos en Cádiz, ambos utilizados como alojamiento para las víctimas.
Durante los registros, los agentes pudieron comprobar las condiciones en las que residían los trabajadores, que fueron liberados.
Además, en uno de los inmuebles inspeccionados en Badajoz se localizó una gran cantidad de alimentos almacenados en condiciones insalubres, lo que motivó la imputación adicional de un presunto delito contra la salud pública.
En el transcurso de los registros se intervinieron cerca de 10.000 euros en efectivo, diversa documentación que permitió identificar a otras posibles víctimas, así como distintos efectos relacionados con la actividad investigada.
Tras los registros se procedió a la detención de cuatro personas presuntamente implicadas en los hechos investigados, tres en Cádiz y una en Badajoz de los cuales dos han ingresado en prisión.
Según la investigación, la organización presentaba una estructura estable en la que cada uno de sus integrantes desempeñaba funciones concretas dentro del entramado delictivo.
Asimismo, se procedió a la clausura de los cuatro establecimientos de hostelería en los que presuntamente se desarrollaba la actividad ilícita, dos en Cádiz y dos en Badajoz.
