El Ministerio de Política Territorial ha alcanzado durante el mes de mayo un total de once acuerdos con las comunidades autónomas de Madrid, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana, Baleares y Extremadura para evitar llevar al Tribunal Constitucional normas sobre las que habían discrepancias competenciales.
En el caso de Extremadura, el Gobierno ha alcanzado un pacto sobre la ley de medidas de mejora de los procesos de respuesta administrativa a la ciudadanía para la prestación útil de los servicios públicos en lo que compete al artículo 10 y la disposición adicional primera reguladora del bono social térmico.
