La Asociación de Apartamentos Turísticos de Extremadura (Aptuex) ha manifestado su "profunda preocupación" e "indignación" ante los "graves" hechos denunciados, indica, por propietarios de apartamentos turísticos en la región, que aseguran haber sido víctimas de un presunto fraude que les está impidiendo desarrollar su actividad y disponer con "normalidad" de sus propios inmuebles.
Miembros de la junta directiva de la asociación han hablado personalmente con Mariluz, una de las propietarias afectadas, cuya situación refleja la "gravedad" del "problema" y la "enorme desprotección" que, según el colectivo, pueden llegar a sufrir quienes desarrollan "una actividad legal y cumplen con sus obligaciones".
Según el testimonio trasladado a la asociación, el caso incluiría la utilización de un contrato de alquiler presuntamente falso, presentado ante el ayuntamiento, así como gestiones para cambiar los contratos de suministro a nombre de otras personas y realizar trámites de empadronamiento.
La propietaria asegura, además, que los ocupantes cuentan con un abogado como interlocutor y que se presentó una denuncia contra los propietarios por supuesto acoso antes de que finalizara el periodo de la reserva.
La situación ha alcanzado tal "gravedad" que Mariluz se ha visto obligada a cancelar temporalmente todas sus reservas, paralizando su actividad y soportando las consecuencias económicas y personales de unos hechos que, según Aptuex, deben investigarse con "urgencia".
Además, según la información recibida por Aptuex, "existirían indicios de que se estarían realizando reservas para terceras personas en otros alojamientos de la zona".
La asociación considera necesario investigar esta circunstancia para determinar si existe un patrón de actuación y evitar que otros propietarios puedan verse afectados. "No vamos a aceptar que los propietarios queden indefensos mientras otros se aprovechan de su situación", asevera en nota de prensa el presidente de Aptuex, Javier Gutiérrez Rubio.
De este modo, la asociación reclama que se investiguen los hechos denunciados, se depuren las posibles responsabilidades y se facilite a los afectados una respuesta "clara" y "eficaz". También considera necesario extremar las comprobaciones ante posibles irregularidades documentales y mejorar la coordinación entre las autoridades y administraciones competentes.
