Continúa adelante la tramitación de la Propuesta de Ley del Grupo Socialista, por la que se declara, de una forma expresa, 55 Zonas ZEPA en Extremadura. Zonas, que a día de hoy, no estaban consideradas como tal. La oposición en bloque pedía la devolución de la ley que sigue su curso parlamentario merced a la mayoría absoluta de los socialistas.
Esta ley, de facto, reconoce que 55 zonas ZEPA, que se supone que estaban en vigor desde la declaración de la Red Natura 2000, hace 25 años, ni existían y ni han sido legales. En el fondo, el objetivo de esta iniciativa, es dar un balón de oxígeno a la urbanización Isla de Valdecañas, pendiente de un último recurso ante el Constitucional para evitar su derribo total. Se pretende, legalizar lo ilegal y dar seguridad jurídica a un complejo que en el momento en el que recibió sus primeras denuncias por parte de los ecologistas, realmente no se situaba en una zona protegida. Lara Garlito, portavoz socialista defendiendo el proyecto de ley, y aseguraba que con la aprobación de esta ley Valdecañas se declarará de interés público general y todo lo construido pasará a ser legal.
Tanto PP, como Ciudadanos reafirman su apoyo total y absoluto al mantenimiento de Valdecañas, pero aseveran que esta iniciativa para “salvar” el complejo es una chapuza jurídica inasumible, que una vez se apruebe en la cámara regional tendrá que afrontar ingentes recursos judiciales y denuncias por parte de todos los afectados que han sido sancionados durante los últimos 25 años basándose en una figura que no existía. Enmienda a la totalidad que también defendía Irene de Miguel, desde Unidas por Extremadura, pero con una argumentación distinta: Exigen a la Junta que cumplan con el derribo del complejo, que no continúen con una huida hacia delante, y menos con una barbaridad jurídica que tan sólo quiere salvaguardar los intereses particulares de los propietarios de Valdecañas., y asegura que de aprobarse, los diputados socialistas podrían caer en un caso de prevaricación.
Por otra parte y en turno de preguntas al presidente, la portavoz popular, Cristina Teniente cuestionaba a Fernández Vara acerca del nivel de cumplimiento del programa electoral con el que se presentó en las últimas elecciones. Subrayaba Teniente que el único resumen posible es mentira y desprecio a los extremeños, Vara respondía que en 4 años muy duros, marcados por una pandemia, una crisis y una guerra, hay cifras que avalan el trabajo realizado, como el incremento del PIB o la reducción a la mitad del número de desempleados.
Por otra parte, Irene de Miguel preguntaba acerca del desarrollo de un modelo de transición energética y del papel que las grandes empresas del sector ejercerán en Extremadura. Pedía De Miguel no dejar en manos de estas corporaciones ese desarrollo y apostar por lo público. El presidente informaba de que de las 186 plantas fotovoltaicas que hay actualmente en Extremadura, 137 son las empresas propietarias de las mismas, por lo que no observa oligopolio al respecto, y recuerda que estas empresas han invertido 2.800 millones de euros y han generado 14.000 empleos.
