El Ayuntamiento de Vila-real ha celebrado la decisión de la Generalitat Valenciana de mantener en la ciudad el Punto de Encuentro Familiar (PEF) judicial, una vez comunicada la continuidad del recurso por correo electrónico. El concejal de Servicios Sociales, Toni Marín, ha valorado la movilización conjunta del consistorio, las entidades sociales y los colegios profesionales, que ha resultado determinante para defender este servicio dirigido a menores y familias en situaciones especialmente delicadas, así como a mujeres con órdenes de protección.
Entre las entidades que han participado en esta defensa figuran el Colegio Oficial de Psicología de la Comunitat Valenciana, el Colegio de Abogados de Castellón, la Cátedra de Infancia y Adolescencia de la Universitat Politècnica de València, ACUDIM, ALUDME, Vilatea, Conquistando Escalones y el Grup de Dones de Vila-real. El Ayuntamiento también ha destacado la labor de UGT para impulsar mejoras en la red de puntos de encuentro familiar.
Pese a la continuidad del servicio, el consistorio ha lamentado la falta de información sobre los motivos que llevaron a plantear su supresión en Vila-real y su traslado a Onda. Según ha señalado Marín, el Ayuntamiento todavía no ha recibido el expediente en el que se fundamentó esa decisión ni respuesta al requerimiento presentado para conocer las razones, y tampoco se ha producido un diálogo con la Generalitat.
Ante esta situación, el responsable municipal de Servicios Sociales ha reclamado la dimisión de la consellera del área, Elena Albalat, o su cese por parte del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. El edil considera que la gestión autonómica está perjudicando los servicios sociales de Vila-real y ha vinculado este conflicto a la paralización de otros proyectos y recursos asistenciales.
Entre las iniciativas citadas por el Ayuntamiento se encuentran la tercera residencia de mayores, las habitaciones de emergencia, el espacio sociosanitario previsto en la calle de l'Ermita y la residencia vinculada al centro de Alzheimer. Asimismo, el consistorio recuerda que reservó un espacio junto a Cruz Roja, en la zona de la Panderola, para instalar el Punto de Encuentro Familiar, aunque el local continúa pendiente de habilitación por parte del Gobierno autonómico.
El conflicto también ha generado críticas hacia el Partido Popular local. Marín ha recordado que el Pleno municipal aprobó por unanimidad, en agosto, una propuesta de Alcaldía para garantizar la continuidad del PEF judicial en Vila-real, con independencia de la posible apertura de un nuevo servicio en Onda.
Además, el concejal ha pedido la salida de Adrián Casabó de la dirección general de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), al considerar que no ha defendido suficientemente los intereses municipales durante este proceso.
El Ayuntamiento ha reclamado a la Conselleria que asuma el alquiler y los suministros del local donde se presta actualmente el servicio mientras no se habilite el espacio municipal reservado en el edificio de la Panderola. El coste de estos gastos asciende, según las estimaciones municipales, a unos 8.000 euros anuales.
El consistorio considera que la continuidad del Punto de Encuentro Familiar constituye una garantía fundamental para la atención y protección de menores y mujeres en situación de vulnerabilidad, y reclama a la Generalitat que resuelva las cuestiones pendientes para asegurar la prestación del servicio en condiciones adecuadas.
