La defensa de la continuidad del Punto de Encuentro Familiar Judicial de Vila-real suma un nuevo respaldo profesional. El Colegio Oficial de Psicología de la Comunitat Valenciana (COPCV) ha solicitado explicaciones a la Generalitat sobre la reorganización de estos recursos, una decisión que ha generado preocupación entre el Ayuntamiento, entidades sociales y colegios profesionales por sus posibles consecuencias para las familias afectadas.
El posicionamiento del COPCV se añade al respaldo unánime del Pleno municipal y a las reivindicaciones del Colegio de Abogados de Castellón, la Cátedra de Infancia y Adolescencia de la Universitat Politècnica de València, ACUDIM, ALUDME, Vilatea, Conquistando Escalones y el Grup de Dones de Vila-real.
En un comunicado difundido el 16 de octubre, el colegio profesional ha pedido a la Dirección General de Infancia y Adolescencia que detalle los criterios técnicos, territoriales y asistenciales que han motivado la nueva distribución de los puntos de encuentro familiar judiciales. La entidad señala que Vila-real ha dejado de figurar en la distribución publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el pasado 29 de julio y reclama información sobre cómo se garantizará la continuidad de la atención a las familias afectadas.
El Ayuntamiento de Vila-real mantiene su oposición a la supresión del servicio en la ciudad y a su traslado a Onda. El consistorio considera que la reorganización puede perjudicar la atención de proximidad y denuncia que la decisión se adoptó sin comunicación previa al municipio.
Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es la situación de las mujeres que cuentan con órdenes de protección frente a sus maridos o exparejas. El Ayuntamiento considera que cualquier modificación del servicio debe garantizar su seguridad y la de los menores, evitando que los desplazamientos supongan nuevas dificultades para acceder a los recursos de protección.
En su pronunciamiento, el COPCV advierte de que la desaparición de servicios de proximidad puede incrementar los tiempos y costes de desplazamiento, dificultar la conciliación familiar y laboral y complicar el cumplimiento de los regímenes de visitas establecidos judicialmente. Estas barreras pueden afectar especialmente a las familias en situación de vulnerabilidad y a aquellas con menos recursos económicos.
El colegio profesional también reclama que el interés superior de los niños, niñas y adolescentes sea prioritario para evitar alteraciones o interrupciones en los procesos de intervención ya iniciados. Además, solicita información sobre la continuidad o reubicación de los profesionales de la psicología de los centros afectados y destaca la importancia de preservar su experiencia y especialización.
El Pleno municipal aprobó por unanimidad, en la sesión de agosto, una propuesta de Alcaldía para garantizar la continuidad del Punto de Encuentro Familiar Judicial en Vila-real, con independencia de la posible apertura de un nuevo servicio en Onda. En la misma línea, el Colegio de Abogados de Castellón ha defendido que el centro de Onda se plantee como un recurso adicional y no como una sustitución del existente en Vila-real.
El Ayuntamiento reclama a la Generalitat que atienda las advertencias de los profesionales y las entidades sociales y reconsidere una reorganización que afecta directamente a la protección de los menores, las mujeres y las familias, garantizando la continuidad y accesibilidad de un servicio considerado esencial para las situaciones familiares más complejas.
