La Guardia Civil, en el marco de la operación Mahala, llevada a cabo contra la falsificación, venta, etiquetado, comercio, distribución ilegal o el adulterado de productos alimenticios y el fraude económico, ha investigado al responsable de una sociedad y denunciado a otra por un delito de fraude alimentario, relativo al mercado y los consumidores.
El pasado 23 de mayo, la Patrulla de Protección de la Naturaleza de Alicante (PACPRONA), en su labor de investigación, obtuvo información sobre la comisión de posibles irregularidades por parte de dos sociedades mercantiles. Para esclarecer estos hechos, se dio inicio a la operación Mahala.
En una primera fase, los agentes localizaron dos naves industriales en la localidad de Torrevieja, pertenecientes a las sociedades investigadas. En estas, supuestamente se comercializaba con productos alimentarios caducados, que eran distribuidos entre España y Portugal. Además, se averiguó la existencia de otros dos establecimientos en las localidades de Coslada (Madrid) y Marbella (Málaga), pertenecientes a una de las sociedades y donde se cometían las mismas irregularidades.
En el mes de junio, una vez localizados todos los establecimientos y verificada la existencia de actividad, se llevó a cabo la explotación de la operación. Los agentes, con el apoyo de los Patrullas del SEPRONA de Guardamar y Daganzo (Madrid), llevaron a cabo de forma simultanea diversas inspecciones en los establecimientos de Torrevieja y Coslada. Tras estas inspecciones, la Patrulla del SEPRONA de Marbella realizó una nueva inspección en el establecimiento de su localidad. En estas actuaciones, se localizaron e intervinieron alimentos con las fechas de consumo preferente manipuladas, otros caducados y otros en mal estado de conservación, todos ellos dispuestos para su venta y distribución.
Finalmente, el día 5 de julio, junto con todas las pruebas que acreditaban la responsabilidad del gerente de una de las sociedades, se procedió a su investigación por un delito relativo al mercado y a los consumidores por fraude alimentario. Además, a la otra sociedad investigada se le han efectuado denuncias por infracciones administrativas, siendo remitidas a la Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua de la Generalitat Valenciana.
Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción nº 4 de los de Torrevieja. Así mismo todos los alimentos retirados han sido destruidos por un gestor de residuos autorizado.
Gracias a estas actuaciones, la Guardia Civil ha retirado del mercado más de 34.000 kilos de alimentos, que no reunían las condiciones para el consumo humano, y que podía haber generado un problema para la salud pública.
