La plataforma Juntes per l’Habitatge ha denunciado esta mañana frente al Palau de la Generalitat que el gobierno de Carlos Mazón no está utilizando los mecanismos disponibles para proteger las viviendas de personas vulnerables. Solo en lo que llevamos de año se han producido 794 desahucios en la Comunitat.
Una de las afectadas es Carmen, viuda y madre de una hija con discapacidad, que vive en una vivienda de protección oficial adquirida por un fondo buitre. Otra, Jessica, con Parkinson y madre de dos niños, cuyo contrato de alquiler no ha sido renovado tras 14 años. Las escuchamos.
Desde Juntes per l’Habitatge acusan a la Generalitat de permitir que se pierda parque público de vivienda, no aplicar el tope de los alquilares y priorizar el beneficio privado y el turismo frente al derecho a la vivienda. Jose Lluís González es uno de los portavoces de la plataforma.
La organización ha registrado un segundo documento ante la Generalitat con propuestas para una vivienda digna, tras no haber recibido respuesta a un primer requerimiento. Además, han convocado una nueva concentración para el próximo 17 de julio por unos presupuestos "al servicio del pueblo".
