La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre ha acordado, entre otras diligencias, requerir información a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre los puntos de control del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) instalados en diversos lugares de la cuenca de los ríos Júcar y Túria, las ramblas de Poyo-Pozalet-Saleta o el barranco de Picassent.
Así consta en una providencia dictada este pasado lunes y notificada a las partes, por la que la instructora acuerda este requerimiento a la CHJ, conforme a lo solicitado por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil, según la resolución facilitada por el TSJCV y que puede ser recurrida en un plazo de tres días.
En concreto, el mandamiento judicial hace referencia a los sistemas instalados o afectos a la cuenta del río Júcar: aforo de Requena; embalse de Forata en Yátova y los aforos de Macastre y Guadassuar; en los de la cuenca de ramblas de Poyo-Pozalet-Saleta, el aforo en Riba-roja; en el Túria: los embalses de Loriguilla y Buseo (río Reatillo-Chera), aforos en Bugarra, rambla Castellana en Pedralba, de Vilamarxant y azud de Manises y de los sistemas instalados o afectos a la cuenca Barrancos de la Albufera, en concreto, el de Picassent.
La magistrada pide información de cada uno de ellos. Respecto de cada uno de los puntos SAIH señalados y de manera independiente, los registros detectados entre las 00.00 horas del día 29 octubre y las 00.00 horas del 30, con la identificación del punto SAIH; el umbral de aviso para dicho punto así como las mediciones efectuadas del caudal durante ese día, con fecha y hora.
Asimismo, respecto de cada uno de los puntos SAIH y de manera independiente, reclama una relación "detallada" de las comunicaciones enviadas entre las 00.00 horas del día de la dana y las 00.00 horas del 30, con indicación del valor de caudal comunicado; tipo de aviso (descenso o aumento de intensidad o caudal); fecha y hora del envío; sistema de envío (correo electrónico, llamada, etc); tipo de envío (manual o automático) así como destinatario o destinatarios de los mismo.
La jueza también pide que le comuniquen si existe copia o respaldo de las comunicaciones y en su caso de qué forma se encuentran archivadas o respaldadas. La instructora solicita que esta información se aporte en formato digital, en un plazo de 10 días, a la Unidad Orgánica de la Policía Judicial.
Por otro lado, la magistrada ha dirigido un mandamiento a la Conselleria de Interior y Emergencias de la Generalitat Valenciana para que vuelva a aportar en formato excel anexos de los listados con la evolución de las llamadas el día de la dana, ya que en los entregados se ha observado que carecen de un orden cronológico y en algunos casos se hace ilegible la información contenida.
Personación de la Generalitat
La Generalitat Valenciana ha solicitado a la jueza que investiga la gestión de la dana personarse en la causa para poder tener así acceso a todo el procedimiento y ante posibles responsabilidades civiles subsidiarias.
Así lo han confirmado a EFE fuentes del Gobierno valenciano tras la información adelantada por Vozpópuli, y ahora deberá ser la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja la que deberá decidir si acepta la solicitud de la Generalitat en esta investigación por las 228 muertes que hubo tras las inundaciones de aquel 29 de octubre.
La Generalitat quiere personarse en la causa "porque quiere participar en el proceso judicial y estar presente desde el primer momento para garantizar la defensa de los intereses de los valencianos, y porque hay dos ex altos cargos investigados y podrían derivarse, llegado el caso, responsabilidades de tipo civil", señalan desde Presidencia.
Esos dos ex altos cargos del Gobierno valenciano, Salomé Pradas (entonces consellera de Justicia e Interior) y Emilio Argüeso (su número dos en Emergencias), están citados este viernes a declarar como investigados en esta causa.
Hasta el momento se han personado en esta causa como acusaciones populares, previo pago de una fianza de 6.000 euros, varios partidos políticos (Podemos, Vox, el PSPV-PSOE y Ciudadanos), asociaciones (Liberum, Acció Cultural del País Valencià, Hazte Oír y Mai Més) y el sindicato FTAP-CGT.
Asimismo, varias asociaciones que representan a familiares de las víctimas se han personado como acusaciones particulares.
A su llegada al Palau de la Generalitat para presidir la reunión semanal del pleno del Consell, el president, Carlos Mazón, ha vuelto a insistir en que muestra el "máximo respeto" y el "máximo nivel de colaboración" hacia la investigación judicial.
Preguntado sobre si la Generalitat se iba a personar en esta causa o por otros temas de actualidad, Mazón no ha respondido y solo ha avanzado que este martes asistirá la firma del primer Pacto del Agua por L’Albufera, del que ha resaltado su importancia.
La vicepresidenta primera, Susana Camarero, en declaraciones en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, ha señalado que la personación en la causa es "para tener la máxima colaboración", y respecto al proceso "los servicios jurídicos de la Generalitat han estimado oportuno solicitar la personación para defender los intereses de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana".
Preguntada sobre el hecho de que esta decisión se produzca unos días antes de la declaración, este viernes, ante la jueza de Catarroja de Pradas y Argüeso, y si han hablado con la exconsellera, Camarero ha manifestado que no ha hablado con ella "en los últimos días".
"Nos hemos personado como Generalitat como nos personamos en todas las causas que consideramos relevantes", ha manifestado, "siguiendo el criterio técnico de Abogacía de la Generalitat. Sin más".
Respecto al posible cese del director general de Emergencias y Extinción de Incendios, Alberto Martín Moratilla, miembro del equipo de Pradas cuando se produjo la dana, Camarero se ha limitado a señalar que el pleno del Consell de este martes no ha cesado a ninguno de sus altos cargos.