El Consell ha encargado una auditoría general del sector público de la Generalitat. Según ha anunciado el 'president', Carlos Mazón, el objetivo es investigar "posibles irregularidades" detectadas en la última legislatura del gobierno del Botànic (PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem) que pueden derivar en "responsabilidad civil, penal o mercantil".
Esas irregularidades estarían relacionadas con la política de contrataciones, "falta de control de recursos", "colocación a dedo y pagos sin autorización".
"Hay un conjunto de alarmas lo suficientemente graves para realizar una auditoría y conocer la verdad", ha destacado Mazón.
Una auditoría conocida como "forensic" revisará, "uno a uno", los pagos y transferencias del sector público instrumental. Mazón ha afirmado que esperan tener resultados "parciales" a lo largo de este año y una conclusión a finales de 2024.
Los informes técnicos de la Sindicatura de Comptes y de la Intervención de la Generalitat han detectado, ha explicado el jefe del Consell, "ineficacia, gasto desmesurado y descontrol": "El 92 % de los entes públicos no realiza los procedimientos de contratación conforme marca la ley".
Los detalles que ha trasladado Mazón reflejan que, en los últimos cuatro años, se adjudicaron directamente 254.122 contratos por 713 millones de euros (159 millones en contratos menores y 554 millones de gastos adquiridos sin tramitar expediente de contratación).
"Estamos ante un pozo sin fondo de la contratación a dedo, una barra libre que abrió el Botànic", ha aseverado.
En referencia al personal, Mazón ha cifrado en más de 4.000 las contrataciones que se realizaron solo en 2021 y que no estaban autorizadas por la Dirección General de Presupuestos.
"La plantilla del sector público aumentó un 35 % y el gasto en personal se disparó un 47 %, esto supone pasar de 400 millones de coste en nóminas en 2015 a casi 600 millones en el último año de gestión íntegra del gobierno anterior", ha detallado.
Suprimirá seis empresas 'fantasma'
El 'president' de la Generalitat ha anunciado también la supresión de seis empresas del sector público valenciano mediante un proyecto de ley en Les Corts, porque tienen atribuidas funciones que ya están prestando direcciones generales.
Estas son la Agencia Valenciana de la Energía, la Agencia para la Digitalización y Ciberseguridad, la Agencia de Información y Control Alimentarios, la Agencia de Cambio Climático y la Agencia de Residuos y Economía Circular, así como la Escuela Valenciana de Administración Pública.
"No suponen gasto público. Las creó el Botànic en la última fase de la pasada legislatura pero no llegaron a desarrollarse. Queremos avanzar en la optimización de los recursos públicos", según el jefe del Consell.
En cualquier caso, ha asegurado que el personal adscrito no político a estas empresas "-un número muy reducido-" se incorporará a la Dirección General correspondiente.
PSPV-PSOE: "Mazón miente"
El síndic de los socialistas valencianos en Les Corts, José Muñoz, ha acusado a Mazón de "mentir descaradamente". "Tan mala no habrá sido la gestión anterior cuando ha mantenido en su cargo a la persona responsable del Sector Público con el Consell del Botànic".
Muñoz acusa al 'president' de "crear una cortina de humo ante las inminentes sentencias a dirigentes del Partido Popular".
