Las reacciones a la noticia de que el Juzgado de Instrucción número 1 de Elche ha citado el próximo mes de febrero a declarar al exalcalde del PSOE de la ciudad Alejandro Soler, así como a cuatro de los concejales de su equipo de gobierno (los también socialista Federico Buyolo, Alejandro Pérez y Emilio Martínez, así como Àngels Candela de Compromís) no se han hecho de rogar. Todos están inmersos en una causa por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
El primero en salir a pedir explicaciones ha sido Pablo Ruz, presidente local del PP, que ha reclamado al actual alcalde de Elche, Carlos González (PSOE), a trasladar a la Justicia "toda la información y documentación" que tenga el ayuntamiento acerca de la venta en la legislatura 2007-2011 por parte de la empresa municipal de Pimesa de una parcela en el parque empresarial de Torrellano en la que se construyó un centro sanitario.
"Es hora de que alcalde haga gala de todo su lucha contra la corrupción que hace pública cada vez que puede para atacar a otros partidos; es el momento que el alcalde demuestre que gobierna para toda la ciudad de Elche y que no retrase ni un minuto hacer pública toda la información", ha afirmado Ruz que ha añadido que “el alcalde de Elche y el PSOE tienen mañana mismo la obligación de comparecer y ponerse a disposición de la Justicia”.
La querella que ha sido admitida a trámite ha sido presentada por el PP en la Comunitat Valenciana. Según consta en la demanda, el Ayuntamiento de Elche traspasó un solar a una empresa pública, porque si lo hubiera vendido directamente tendría que haberlo hecho mediante concurso público.
La denuncia del PPCV sostiene que el solar fue vendido "presuntamente" por debajo del precio de mercado: “La empresa que adquirió el terreno propiedad de los ilicitanos está investigada en el caso de presunta financiación irregular del PSPV”, ha concluido Pablo Ruz.