El Sindicato Profesional de Policías Municipales de España

Critican que el tripartito de Elche desvía a otros cometidos el dinero previsto para contratar 30 agentes de la Policía Local

El SPPME-CV desvela que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo ha apercibido “personalmente al alcalde” de sanción si continúa sin remitir la documentación requerida en torno al procedimiento contra la OPE del ayuntamiento

ondacero.es

Elche |

Coches de la Policía Local de Elche (Archivo) | Ayuntamiento de Elche

El Presupuestos Municipal del Ayuntamiento de Elche contempla una partida en el capítulo de Personal para financiar una plantilla de la Policía Local de 381 agentes, cuando en realidad se cuenta con 350. Los dos millones de euros en los que se estima el coste de los 30 agentes que no se cubren se desvían a otros cometidos.

Así lo ha denunciado, José Antonio Arias, coordinador autonómico del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME-CV), que ha explicado que en torno a una veintena de agentes están en la plantilla en comisión de servicio por lo que en cualquier momento la pueden abandonar o ser reclamados por los ayuntamientos en los que tienen la plaza.

Esa figura de comisión de servicio es de la que se ha echado mano para cubrir las bajas en la plantilla por jubilación, por ejemplo, en lugar de concursar las plazas, cuando en realidad, según el sindicato, existía esa posibilidad.

Apercibimiento del Juzgado de lo Contencioso Administrativo

El SPPME-CV tiene denunciada en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo la Oferta Pública de Empleo sacada por el ayuntamiento, entendiendo que está caducada ya que se hizo efectiva a finales de 2017 pese a haberse sacado en 2014. A juicio del sindicato, la legislación señala que si transcurrido el plazo de tres años no se ha ejecutado la OPE ésta caduca y debe de hacerse una nueva. Además, denuncia que en esa oferta de empleo público no se contemplan plazas para la Policía Local, como, según el sindicato, es preceptivo legal.

En este sentido, José Antonio Arias ha denunciado que el ayuntamiento “está dando largas” al juzgado hasta el extremo de que éste ha emitido una resolución en la que apercibe al Consistorio, incluso “personalmente al alcalde”, según reza el escrito, de que impondrá una sanción de hasta 1.200 euros si en el plazo de diez días no facilita toda la documentación que se le ha requerido y cuyo plazo de presentación ha incumplido.