Alicante |
Aguas de Alicante ha lanzado una campaña de concienciación medioambiental bajo el lema “Basta de diminutivos” aplicados a aquellos objetos como bastoncillos, mascarillas o toallitas que solemos tirar por el desagüe sin pensar en las consecuencias negativas que tiene este gesto para el medio ambiente y para la red de saneamiento de nuestras ciudades.
Según la empresa suministradora, este problema supone un coste anual de más de dos millones de euros en la ciudad de Alicante, lo que se traduce en seis euros por habitante y año.
El problema no es diminuto
La campaña hace hincapié en lo que supone llenar el saneamiento de nuestras ciudades de unos productos que no están diseñados para deshacerse en contacto con el agua, mediante la contraposición entre los nombres que se les asignan (bastoncillos, toallitas, mascarillas…) y la magnitud del problema que generan y que está lejos de ser pequeño.
Por un lado, un empeoramiento del servicio derivado de los constantes atascos y reparaciones; por otro, un aumento de los costes de mantenimiento de la red, con una repercusión directa en la ciudadanía.
A lo anterior se suma el impacto a nivel medioambiental, con un importante porcentaje de este tipo de artículos de higiene que acaban llegando al mar y el aumento de los residuos sólidos en el medio marino que supone.
230 millones anuales de sobrecoste en España
La popularización de diversos artículos desechables de higiene personal, como las toallitas, los bastoncitos, los tampones, las mascarillas o las compresas han revelado en los últimos años un problema al que a diario se enfrentan todas las ciudades y servicios de limpieza en el mundo, con un porcentaje apreciable de ciudadanos que se deshace de este tipo de artículos empleando el inodoro.
Según AEAS (Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamientos), el impacto económico que supone esta problemática produce a nivel nacional un sobrecoste de entre 4 y 6 euros por persona al año y un encarecimiento de un 10-15% de las actividades de mantenimiento, tratamiento y depuración de las aguas residuales.
Todo esto supone en España un sobrecoste total estimado en unos 230 millones de euros al año.