La Policía Nacional ha detenido hoy al presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y también de FACPYME, Carlos Baño, por un supuesto caso de corrupción relacionada con los bonos comercio de los años 2022 y 2023. Es una investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción tras recibir una denuncia de la que se desconoce su origen.
Estas ayudas se concedían a través de la Diputación de Alicante, que en esa época estaba presidida por el exjefe del Consell, Cárlos Mazón. Iban destinadas a fomentar el consumo de los ciudadanos en los comercios minòristas de 20 municipios de l a provincia.
El Grupo de Blanqueo de Capitales de la UDEF ha practicado un registro en la sede de FACPYME (Federación Alicantina de Comercio de la Pequeña y Mediana Empresa), situada en la calle Orense número 10 de la capital. Los policías han realizado entradas durante la mañana en dos despachos en la sede de la federación y un trastero. Varios agentes han salido al exterior con cajas que, posteriormente, han cargado en vehículos.
Se da la circunstancia de que Baño tenía hoy programada la presentación del 'Informe sectorial de turismo de la provincia de Alicante', acto al que no ha acudido. Desde la entidad cameral han señalado que la agenda de Baño se ha anulado "por imprevistos". Tampoco ha acudido el presidente de la Asociación Provincial de Hoteles, Luis Castillo, quien iba a intervenir también en dicha presentación.
Pleno Extraordinario y Comisión de Investigación
El grupo socialista y de Compromís en la Diputación de Alicante han anunciado, tras la detención del presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, que van a solicitar la convocatoria de un pleno extraordinario y la creación de una comisión de investigación sobre la gestión de los bonos comercio, un programa que "se puso en marcha durante los años" en los que la institución provincial estaba presidida por Carlos Mazón, ahora 'expresident' de la Generalitat.
De este modo lo han indicado ambos grupos tras conocerse el arresto, realizado en el marco de una investigación abierta hace meses por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de una denuncia relacionada con el programa de los bonos de los años 2022 y 2023 de la Diputación en una veintena de municipios de la provincia.
El portavoz socialista, Vicente Arques, ha señalado que "la gravedad de las informaciones conocidas hace imprescindible que la institución provincial dé todas las explicaciones y que se investigue con transparencia cualquier posible irregularidad en la gestión de fondos públicos".
"Estamos hablando de un programa que ha movilizado una importante cantidad de recursos públicos destinados a ayudar al comercio local de la provincia. Por respeto a la ciudadanía y a los propios comerciantes, es necesario aclarar qué ha ocurrido y cómo se ha gestionado este programa", ha afirmado Arques.
Así, los socialistas han exigido "la celebración de un pleno extraordinario en la Diputación para que el actual presidente de la institución, Toni Pérez, dé explicaciones públicas sobre este asunto, así como la puesta en marcha de una comisión de investigación que permita analizar en profundidad la gestión del bono comercio".
En esta línea, han exigido a Pérez una "comparecencia urgente" para "explicar el diseño y los controles del programa bono comercio, así como la remisión completa de los expedientes de las campañas de 2022, 2023 y 2024 y la relación de convenios, contratos o acuerdos firmados con entidades colaboradoras en la gestión del programa".
Los socialistas piden "conocer el papel" de Mazón
El portavoz del PSPV ha apuntado "que este programa se puso en marcha durante los años en los que la Diputación de Alicante estaba presidida por Carlos Mazón". "También será necesario conocer cuál fue el papel que desempeñó el entonces presidente de la Diputación en la puesta en marcha y supervisión de este programa y cuál pudo ser su nivel de implicación en las decisiones relacionadas con su gestión", ha agregado.
Vicente Arques ha puesto el foco en la "magnitud económica del programa, impulsado por la Diputación durante la presidencia de Carlos Mazón, que ha movilizado cerca de 58 millones de euros de dinero público desde 2022". "No estamos ante un asunto menor. Estamos hablando de cantidades muy elevadas de fondos públicos que la Diputación ha puesto en circulación a través de este programa", han recalcado.
Según el grupo socialista, "las bases del bono comercio 2022 fueron aprobadas el 10 de mayo de ese año; el 29 de junio, Carlos Baño Marhuenda fue elegido presidente de la Cámara de Comercio de Alicante; y apenas 14 días después, el 13 de julio, constituyó como administrador único la empresa Nexo Retail Alicante SL, dedicada precisamente a la gestión de este tipo de campañas".
Para el PSPV, esta es una "coincidencia temporal" que resulta "especialmente llamativa". "Un mes después de asumir responsabilidades institucionales relacionadas con el tejido empresarial aparece una empresa creada específicamente para gestionar este tipo de programas. Cuando hablamos de cifras de decenas de millones de euros, es evidente que la ciudadanía necesita respuestas claras", ha asegurado.
También se ha referido a la "relación política y personal existente entre responsables del programa" por "la cercanía pública entre Carlos Mazón y Carlos Baño Marhuenda, quienes en distintas ocasiones han destacado su relación de confianza, llamándose hermanos en titulares de prensa". "Precisamente por esa relación y por la magnitud económica del programa, las explicaciones deben ser todavía más contundentes", ha apostillado.
Compromís: "todo el mundo ya sospechaba"
Por su parte, Ximo Perles, portavoz de Compromís en la Diputación, cree que "todo el mundo ya sospechaba que la Cámara de Comercio de Alicante era la cueva de Alí Babá y los 40 ladrones, empezando por el actual gerente, Carlos Baño, quien sustituye al anterior, Carlos Mazón".
"Compromís viene denunciando esta situación desde hace mucho tiempo. Y no solo en el bono consumo", ha aseverado en declaraciones distribuidas a los medios de comunicación, en las que ha afirmado que "habrá que investigar también qué está pasando con las subvenciones que reciben de Alicante Gastronómica, porque no publican las subvenciones que reciben en su web, o por qué "no tienen todavía un reglamento que determine cómo debe contratar la Cámara de Comercio, teniendo en cuenta que es un organismo de derecho público".
Perles ha afirmado que la justicia "está actuando allá donde tiene que actuar". "Esperamos que el resultado sea positivo en el sentido de que se investigue, se averigüe y que se devuelva el dinero a la ciudadanía", ha sentenciado.
También desde Compromís, el diputado de la coalición en Les Corts Valencianes y exportavoz en la Diputación, Gerard Fullana, ha indicado: "Estamos asistiendo a la caída del club de los jetas provinciales. Todas estas cuestiones las denunció Compromís en su momento en la Diputación de Alicante, sobre cómo Carlos Mazón aprobó estas ayudas sin ningún tipo de problema y con motivos electoralistas, unos 60 millones de euros para repartir sin sentido en los municipios".
"Y además se creaban empresas nuevas, como la de señor Baño, que hacían de intermediarios y se llevaban una parte del pastel", ha dicho Fullana, que se ha referido a "una organización administrativa que hacía en muchos casos imposible ejecutar esta ayuda si no hacías caso de las recomendaciones del PP y estos empresarios presuntamente corruptos".
VOX: "dejar que la justicia trabaje"
De otro lado, la portavoz de Vox y única diputada de esta formación en la institución provincial, Gema Alemán, considera que "hay que dejar que la administración de justicia trabaje y que la Diputación de Alicante colabore en lo necesario", ha trasladado en declaraciones remitidas a la prensa.
PP: el ayuntamiento de Alicante se desmarca
Por su parte, la concejala de Comercio, Lidia López, ha destacado este viernes que el Ayuntamiento de Alicante "nunca ha tramitado sus diferentes campañas de bonos consumo con Facpyme y que en ningún momento han sido objeto de investigación por parte de la Fiscalía".
La edil ha precisado que el consistorio alicantino gestionó directamente la primera edición de estos bonos en 2021 “y las siguientes se desarrollaron a través de la Cámara de Comercio, mediante un convenio fiscalizado por todos los órganos municipales, pero nunca con la Federación Alicantina de Comercio de la Pequeña y Mediana Empresa (Facpyme)".
"Nuestra gestión ha sido completamente clara, lícita y transparente en todas las ediciones, como se puede comprobar en los expedientes municipales de tramitación y fiscalización", ha recalcado la concejala.
En relación con la detención del presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño, por la gestión de los bonos consumo, Lidia López ha expresado “el máximo respeto a las decisiones judiciales por parte del equipo municipal de Gobierno, como siempre, y la total colaboración del Ayuntamiento para esclarecer los hechos que la Justicia considere oportuno”.
Igualmente, el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, ha expresado el "máximo respeto" a la actuación y diligencias judiciales al tiempo que ha añadido: "por supuesto, y como no podía ser de otra manera, presunción de inocencia por delante".
