La jueza que investiga las adjudicaciones de viviendas de protección pública del residencial Les Naus ha admitido la personación del sindicato Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de CGT (FETAP-CGT) como acusación popular en la causa, según consta en una diligencia de ordenación con fecha de este pasado martes, 2 de junio.
De esta manera, las acusaciones populares en este procedimiento ascienden a tres, ya que esta entidad se suma a las que ya ejercen el partido Ciudadanos y el grupo municipal del PSOE del consistorio alicantino.
En una providencia dictada el pasado viernes, la magistrada de esta causa, titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, pidió al sindicato una fianza de 3.000 euros para admitir su personación como acusación popular.
Tras conocerse que la jueza ha admitido esta petición, FETAP-CGT ha emitido un comunicado en el que considera que este hecho "supone un paso importante para que una organización sindical del sector público pueda actuar en defensa del interés general en una causa que afecta directamente a la gestión administrativa, la transparencia y el control democrático de las decisiones públicas".
En este sentido, ha apuntado "no" va a limitarse "a estar presente en la causa", sino que impulsará "las diligencias necesarias", solicitará "la documentación que resulte relevante" y recurrirá "aquellas decisiones que puedan impedir o limitar el esclarecimiento completo de los hechos".
"Cuando existen indicios de decisiones arbitrarias, tratos de favor o posibles actuaciones contrarias a derecho en el ámbito de lo público, la respuesta no puede ser el silencio ni la opacidad. La ciudadanía tiene derecho a conocer qué ocurrió, quién tomó las decisiones y si se produjeron responsabilidades administrativas, políticas o penales", han añadido desde FETAP-CGT.
"Hasta el final"
El sindicato ha dicho que actuará "con rigor jurídico, respeto a la presunción de inocencia y máxima firmeza para que la investigación llegue hasta el final", y ha apuntado que "la acusación popular es una herramienta democrática para defender el interés general y para evitar que causas de relevancia pública queden reducidas a un trámite formal".
"Vamos a trabajar para que se depuren todas las responsabilidades que correspondan. Si hubo decisiones arbitrarias o contrarias al interés general, deben investigarse hasta sus últimas consecuencias", ha agregado.
Y ha sentenciado: "La federación reafirma así su compromiso con la defensa de los servicios públicos, la transparencia en la gestión administrativa y la exigencia de responsabilidades cuando puedan haberse producido actuaciones irregulares desde las instituciones".
