El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, el portavoz en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas, la portavoz adjunta en la cámara autonómica, Aitana Mas, y la portavoz de Vivienda en Les Corts, Maria Josep Calabuig, han dado a conocer una batería de exigencias al gobierno de Pérez Llorca por el escándalo del residencial de Les Naus y han presentado el modelo de acceso a la vivienda elaborado por la coalición.
El escenario de la presentación ha sido el nuevo local de la librería 80 Mundos de Alicante. Una tienda que usfrió "la expulsión de su espacio original porque el edificio donde estaba ubicada fue adquirido por un fondo buitre para convertirlo en pisos turísticos".
En este marco, Joan Baldoví ha recordado que “pasan los días y el gobierno de Pérez Llorca quiere hacer como que ahora está encontrando todas las irregularidades que dejaron que se cometieran en su momento. Quitaron todos los controles y garantías para que a las viviendas protegidas solo pudieran acceder las personas que realmente lo necesitan” y ha añadido: “La realidad es que el PP no ha presentado una solución factible y realista para asegurar lo que todo el mundo está exigiendo: que sus familiares y amigos devuelvan las viviendas protegidas y se asignen a alguna de las 5.000 familias de Alicante en lista de espera para tener una vivienda. La solución del PP es vergonzosa: permitir a los adjudicatarios irregulares vender los pisos”.
El síndic de Compromís ha puesto sobre la mesa una solución factible a lo que todo el mundo pide: “exigimos al gobierno de Pérez Llorca que encargue un estudio en profundidad para encontrar la manera de que se devuelvan las viviendas de forma realista e inmediata. Es necesario que encuentren la fórmula para sancionar como corresponde a los adjudicatarios irregulares, todos familiares y amigos de cargos del PP; que las viviendas ‘robadas’ por esta gente pasen a ser de utilidad pública; y que se expropien y estén a disposición de quien realmente las necesita”.
Por su lado, la portavoz adjunta, Aitana Mas, ha incidido en la trayectoria de corrupción urbanística ligada al PP de Alicante: “nuestra tierra ha sufrido en muchas ocasiones la corrupción ligada al urbanismo, y la ciudad de Alicante fue referencia de esa corrupción ligada al caso Brugal. Parece que poco hemos aprendido como sociedad. La vivienda es una cuestión básica en la vida de las personas y las familias; hacer un negocio de ella no solo es inmoral, sino que mata la democracia. Hacen falta políticas públicas que den respuestas a la ciudadanía, pero también que le den la garantía de que todo se hace con absoluta transparencia. La política pública de vivienda no puede ser la de un club privado de privilegiados”.
El portavoz de la coalición y concejal en el ayuntamiento de la capital, Rafa Mas, ha explicitado que “apoyamos la protesta ciudadana organizada por más de sesenta entidades vecinales y sociales. Además, en el pleno del jueves continuaremos exigiendo la dimisión de Luis Barcala como máximo responsable político de esta trama, que ha vuelto a situar a nuestra ciudad en el punto de mira de la corrupción”.
Algunas medidas concretas de acceso a la vivienda para Alicante
El modelo de acceso a la vivienda de Compromís se basa en la premisa de considerar la vivienda un derecho y no un negocio, y así lo han transmitido los responsables de la coalición en una reunión que han mantenido con las asociaciones vecinales y las entidades sociales de Alicante que firmaron un manifiesto contra el modelo especulativo del PP, tras estallar el escándalo del residencial Les Naus.
“Es necesario que el suelo público se destine exclusivamente a vivienda pública y alquiler asequible y nos oponemos a los planes de venta de suelo público para viviendas de protección oficial con precios elevados”, ha dicho Rafa Mas, y ha añadido que “instamos al resto de la Corporación Municipal a apoyar la declaración de Alicante como ciudad tensionada por el aumento exorbitante de los precios del alquiler en los últimos cinco años, superior al 40%, lo que nos sitúa en el segundo lugar en la lista de las ciudades del Estado con mayores incrementos de precios en este mercado”.
En esta línea, la portavoz de Vivienda de Compromís en el ámbito autonómico, Maria Josep Calabuig, ha explicitado una serie de medidas adicionales “que tendrían un impacto muy positivo para iniciar el camino que resuelva el problema de acceso a la vivienda en Alicante, solucione la falta de controles para acceder a las viviendas de protección pública y frene la expulsión de vecindario y comercio local de muchos barrios por la proliferación de pisos turísticos”.
Estas medidas se resumen en: sumar a la declaración de Alicante como ciudad tensionada la limitación de los precios del alquiler; disponer de más vivienda pública, garantizar que se asigne a quien realmente la necesita y que la vivienda protegida sea para siempre; favorecer que la administración tenga preferencia para comprar viviendas antes que los especuladores; prohibir que los especuladores compren viviendas en Alicante para hacer negocio; cerrar el vacío legal que permite disfrazar de alquiler normal lo que en realidad son alquileres turísticos; y, porque las ciudades son para vivir y no para especular, Compromís impulsará planes de barrio para proteger al vecindario y al comercio local de Alicante y evitar así su expulsión.
