El portavoz del Grupo Popular en la Diputación, Eduardo Dolón, ha revelado hoy este hecho durante el pleno de la institución y ha alertado de que ubicar un despacho privado en la sede de una institución pública podría suponer un quebrantamiento de las normas que afectan al personal laboral. El artículo 142 de la Ley de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana especifica en su punto g) que emplear para usos particulares medios o recursos de carácter oficial se considerará una falta grave o muy grave si dentro de la jornada laboral, de manera reiterada o con ánimo de lucro, realiza otro tipo de actividades personales o profesionales.
El hecho de ubicar un despacho profesional en una institución pública donde ejerce como coordinador del grupo Compromís con un sueldo anual de 55.000 euros brutos es un atentado, además, al código deontológico profesional de los abogados, ha dicho Dolón. Por ello, el grupo popular anuncia que presentará una queja ante el Colegio de Abogados de Alicante por esta actitud impropia y poco ética del asesor de un grupo político que se jacta de ser adalid de la ética y la transparencia. “Gerard Fullana lleva tapando la falta de ética de su asesor todo este tiempo, permitiendo que pueda firmar como letrado particular utilizando la Diputación como sede de su despacho profesional. No es ético ni tolerable que tu asesor se monte el bufete en una institución pública que pagamos todos”, ha dicho Eduardo Dolón.
El portavoz del Grupo Popular exige a Gerard Fullana que asuma su responsabilidad por encubrir la falta de ética y transparencia de su asesor. El Partido Popular pondrá estos hechos en conocimiento del Departamento de Recursos Humanos de la Diputación Provincial por si hubiera lugar a la apertura de un expediente disciplinario.
COMPATIBILIDAD
Dolón ha denunciado hoy que la falta de transparencia “crece en este caso si tenemos en cuenta que este asesor está ejerciendo actividad privada sin haber solicitado la preceptiva compatibilidad para poder ejercer de abogado a la vez que cobra de la institución pública”. “El caso Perles es aún más grave cuando sabemos que en 2016 ya se le recordó en documento oficial en respuesta a una petición suya que el ejercicio de actividades profesionales laborales, mercantiles o industriales fuera de las Administraciones Públicas requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad”, ha añadido Dolón. “No solo no la ha pedido, sino que era conocedor de que tenía que hacerlo porque así se desprende del escrito de 2016”.
“Fullana pide tanta transparencia que cuando le afecta a él se hace invisible”, ha remarcado el portavoz del Grupo Popular. “Lo más conveniente, señor Fullana, si quiere seguir defendiendo la transparencia, es que le pida a su asesor que cese de su cargo”, concluye Dolón. No solo no la ha pedido, sino que era conocedor de que tenía que hacerlo porque así se desprende del escrito de 2016. El asesor de Compromís en la Diputación de Alicante ubica su despacho profesional como abogado en Palacio Provincial.
